“La peor administración del BCP en las últimas dos décadas”. Esta es la frase que escuché repetir a reconocidos economistas, aunque no todos se animan a sostenerla abiertamente, quizás por la diplomacia entre colegas. Es que el problema que parece girar en torno a un banco, en realidad es evidentemente más grande. Es el mensaje que recibe todo el sistema financiero, cuya sensibilidad conocemos perfectamente después de las crisis bancarias locales y mundiales a lo largo de la historia, cuando las alertas de anomalías no encuentran respuestas oportunas y convincentes.
Paraguay llegó a la estabilidad macro tras la crisis que estalló en 2003, que obligó a suscribir acuerdos multisectoriales, reformas y años de disciplina. El grado de inversión es un reconocimiento a ese esfuerzo. Nos preguntábamos, entonces, cómo traducir esos logros en empleos dignos, mayores ingresos y bienestar para los paraguayos y paraguayas.
Lamentablemente, hoy hablamos de un problema que creíamos superado. Volvemos a recordar que la estabilidad también exige reglas claras, supervisión efectiva e instituciones que actúen sin presiones políticas.
Las advertencias de la Asociación de Bancos del Paraguay y del director de la AFD, Fernando Rivarola, obligan a mirar más allá de un banco particular. Lo preocupante es el riesgo de debilitar, desde adentro, la institución llamada a vigilar el sistema financiero.
De nada sirven los títulos de universidades prestigiosas ni los currículos impactantes, desde Carlos Carvallo hasta el propio Santiago Peña, si las decisiones de quienes ejercen el poder ponen en peligro la economía del país.
Todo esto sorprende y alarma. Durante años nos acostumbramos a ver la politización de entes públicos, pero no imaginábamos que esa misma preocupación terminaría alcanzando al regulador del sector financiero. Para muchos de nosotros, esta es, sin duda, la época más oscura del BCP.
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