Militares afrontarán juicio oral y público en caso hurto de evidencias de A Ultranza

Una de las fotografías que muestran cuando un camión ingresa al campamento "Camino a Damasco" para retirar equipos de aire acondicionados y otros del cual se les responsabilizan a los militares procesados

CURUGUATY. La jueza penal de garantías de Curuguaty, María Ysabel Dávalos, elevó a juicio oral y público el caso de hurto de evidencias incautadas en el marco del operativo “A Ultranza”. El robo se registró en el campamento “Camino a Damasco”, ubicado en la colonia Brítez Cué del distrito de Yby Pytã, Canindeyú. La propiedad pertenece a la congregación religiosa “Centro de Convenciones Avivamiento” (CCA), ligado al pastor José Insfran.

audima

La magistrada encontró suficientes elementos para que la causa N° 1099/2022 sea discutida en juicio oral y público, donde los uniformados militares Marcos Javier Servín Duarte (40) con el rango de Mayor de Comunicaciones; Héctor Domicio Aguayo Cáceres (42), Walter Guillermo Prieto (23) y Alberto Galeano Gómez (22), Vice sargentos Primero de Caballería; Danilo Fretes Sánchez (26) y Alcides Gómez González (35) Sargento Ayudante Agropecuario fueron acusados formalmente por el fiscal adjunto César Alberto González Velázquez.

Intento de blanqueo

El cuestionado agente fiscal Lucrecio Cabrera, quien inició el caso, aún con todos los elementos colectados, llamativamente solicitó sobreseimiento provisional para los sindicados. Sin embargo, la jueza Dávalos imprimió trámite de oposición y el adjunto rectificó la postura de Cabrera y acusó a los procesados en base a las pruebas. Lucrecio Cabrera ya fue trasladado de Curuguaty.

El caso guarda relación con el ingreso de un camión en el campamento “Camino a Damasco”, propiedad administrada por Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), luego del operativo A Ultranza Paraguay en la colonia Brítez Cué del distrito de Yby Pytã, departamento de Canindeyú, el 12 de mayo del año 2022.

El inmueble está custodiado por efectivos militares del Primer Cuerpo de Ejército de Curuguaty, cuyo personal de guardia en aquel día abrieron el portón para el ingreso del rodado en el que cargó supuestamente cuatro compresores de aire industrial.

El 25 de mayo del mismo año, funcionarios de Senabico se constituyeron en la propiedad constatando faltante de varias camas, colchones, cabeceras y cuatro compresores de aire, que se encontraban en una edificación sin terminar; varias cajas de piso tipo porcelanato, entre varios otros objetos agregados a la carpeta de investigación.

De esta forma, los personales militares afrontarán juicio oral y público durante el cual se discutirán sus respectivas responsabilidades en el hecho punible investigado. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Cristian Roig, recientemente reasignado a la fiscalía de Curuguaty.

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