La agente fiscal Elena Fiore Franco, titular de la Unidad Penal n.° 1 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, logró demostrar que Medhe José Safuan Jara dispuso el pago por empedrados, entubamientos y aulas que nunca fueron construidos o quedaron inconclusos, pese a figurar como terminados en los registros administrativos.
Grave afectación a la confianza pública
Durante la deliberación, el Tribunal de Sentencia de San Estanislao resaltó que la conducta del exintendente lesionó gravemente la confianza pública, al utilizar de manera indebida fondos destinados legalmente a infraestructura educativa, obras comunitarias y programas sociales esenciales.
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Impacto en escuelas y almuerzo escolar
El Ministerio Público subrayó que las irregularidades afectaron directamente a varias instituciones educativas del distrito. Aulas inexistentes o abandonadas, sumadas a la deficiente administración de los recursos, derivaron en retrasos y dificultades en la provisión del almuerzo escolar, dejando a niños sin alimentación y generando reclamos de padres y directores.
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Investigación y pruebas contundentes
La Fiscalía llevó adelante una investigación exhaustiva basada en verificaciones in situ, informes de la Contraloría General de la República, actas notariales, análisis documentales y declaraciones testimoniales. Estas diligencias permitieron constatar que las obras, aunque pagadas, no existían físicamente, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 1.285 millones.
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Actuación dolosa y reiterada
Según se probó en juicio, el exintendente actuó con dolo y de manera reiterada, aprovechándose de su cargo para disponer de fondos públicos sin cumplir los requisitos legales, como la autorización del Ministerio de Educación para obras financiadas con recursos del FONACIDE. También se documentaron pagos mediante cheques de gerencia a empresas vinculadas a la administración, sin contratos válidos ni respaldo técnico.
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Dimensión social del daño
La Fiscalía enfatizó el impacto social de los hechos, señalando que cada aula inexistente vulneró el derecho a la educación de niños y niñas, mientras que las obras viales no ejecutadas afectaron la calidad de vida y la seguridad de la comunidad. Asimismo, los problemas con el almuerzo escolar fueron consecuencia directa de la mala gestión de los recursos.
Tribunal de Sentencia
El juicio estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por las magistradas Romina Onieva y Mercedes Urunaga, y el juez Walter Ramírez.