La abogada y experta en derechos humanos Alejandra Peralta advirtió sobre un nuevo modus operandi en los juzgados de Paz. Según mencionó, se da la manipulación de la Ley 5777, de protección integral a las mujeres, para concretar despojos de inmuebles a adultos mayores.
El “modus operandi” es el siguiente: una persona, que puede ser una pareja ocasional, un familiar o un inquilino, acude a un Juzgado de Paz y denuncia un supuesto hecho de violencia psicológica, como insultos o maltratos verbales, por parte del adulto mayor propietario.
Lea más: Aumento de feminicidios: qué estaría fallando, según el Ministerio de la Mujer
Sin mayores pruebas y de forma inmediata, el juez de Paz suele dictar una medida de exclusión del hogar. “El dueño es expulsado de su propia casa y se le prohíbe acercarse a 500 metros, no solo de la víctima, sino del domicilio. Mientras tanto, el denunciante se queda a vivir en el lugar”, explicó Peralta en entrevista con ABC.
Este proceso de “restitución” de la propiedad para el adulto mayor puede demorar entre cuatro y seis meses, ya sea por apelaciones o juicios de desalojo, según detalló. Durante ese tiempo, el adulto mayor queda en situación de calle, sin acceso a sus pertenencias, ropas ni medicamentos.
Denuncia falta de criterio judicial en Santísima Trinidad
Peralta fue puntual y señaló casos específicos analizados en el Juzgado de Paz de Santísima Trinidad, bajo la firma del juez Alejandro Delvalle.
Lea más: El crudo testimonio de una mujer víctima de violencia: “Me va a matar”
Según la abogada, los jueces argumentan que no tienen potestad para revisar títulos de propiedad al momento de dictar medidas de protección, lo que termina legitimando una suerte de “invasión de inmueble” avalada por una resolución judicial.
“No se puede legitimar un hecho de quedarse con la casa de otro justificando una supuesta violencia psicológica. Algo anda mal; no es la ley, es la aplicación sin criterio de la misma”, enfatizó Peralta.
Según reportó, muchas de las víctimas son jubilados que realizan oficios en sus casas o requieren tratamientos médicos constantes. Al ser excluidos con lo puesto, pierden su fuente de ingresos y ponen en riesgo su salud al no poder retirar siquiera sus recetas o fármacos del domicilio ahora ocupado por la parte denunciante.
El debate sobre la criminalización de denuncias falsas
Este fenómeno surge en medio del debate legislativo sobre un proyecto de ley que busca elevar a categoría de crimen las denuncias falsas, con penas de más de cinco años de cárcel.
Lea más: Enjuiciado por supuesta violencia familiar acecha a su víctima
Al respecto, Peralta mencionó que, si bien reconoce el daño que causan estos montajes, advirtió que aumentar las penas sin un estudio criminológico serio podría tener un efecto bumerán.
“Menos personas se animarán a denunciar hechos reales, como corrupción, por temor a represalias judiciales si el caso no termina en condena”, concluyó.