Ante consulta sobre expediente académico de Nasser Esgaib, MEC responde omitiendo datos

Hombre de barba y chaqueta negra habla gesticulando, mientras más personas escuchan atentamente en un ambiente formal.
Nasser Esgaib (ANR-HC), concejal de Asunción.Gentileza, Junta Municipal de Asunción

Tras vencerse los plazos legales, el Ministerio de Educación respondió al pedido de información pública de la candidata a Concejal Noelia Díaz con una resolución administrativa vacía, sin aportar datos sobre el registro de la carrera del edil colorado. Ante esta situación, evalúan presentar un amparo judicial.

En un nuevo capítulo de sospechas sobre títulos irregulares, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) eludió brindar detalles técnicos sobre la legalización del título de abogado del concejal de Asunción, Nasser Esgaib.

Pese a que la solicitud fue realizada vía Acceso a la Información Pública (AIP), la institución remitió documentación que no contesta ninguno de los puntos críticos consultados.

El pedido, impulsado el pasado 20 de abril por la candidata a la Junta Municipal Noelia Díaz (Partido País Solidario), exigía transparencia sobre el expediente académico de Esgaib.

Entre los puntos solicitados figuraban:

  • Fechas exactas de ingreso y registro del título.
  • Nómina de funcionarios que intervinieron en el proceso.
  • Documentos académicos respaldatorios.
  • Mecanismos utilizados para verificar la autenticidad del diploma.

Sin embargo, tras agotar el plazo de la Ley N.º 5282/2014, el MEC entregó una resolución administrativa que omite estos datos.

En su respuesta, la institución admitió no poseer copias digitales ni físicas del título de grado ni del certificado de estudios, derivando la responsabilidad de la custodia de dichos documentos a la universidad de origen.

Justifica esta ausencia argumentando que, bajo las normativas vigentes en 2013, los documentos originales eran devueltos a las universidades una vez concluido el trámite.

Incluso en los puntos clave sobre la legalización, como la identificación de firmas registradas o el procedimiento de verificación de autenticidad, la respuesta oficial se repite: “No disponible en esta dependencia”.

Se profundiza la desconfianza

“Me siento profundamente desilusionada por la falta de transparencia de las instituciones públicas y de los servidores públicos. El MEC respondió sin responder. Mandaron una respuesta vacía de información, no explicaron nada de lo que queremos saber”, apuntó la candidata a concejal de Asunción.

Seguido señaló: “Nos quieren hacer creer que el Ministerio de Educación no tiene respaldo documental del título de abogado de Nasser Esgaib. ¿Ni copia del título, ni certificado de estudios? ¿Así nomás se registra un abogado en Paraguay?“.

“Cuando una institución pública esquiva información básica sobre autoridades electas, lo que hace es profundizar la desconfianza y alimentar las sospechas”, remarcó.

Inconsistencias del trámite relámpago

La urgencia del pedido de información se sustenta en la investigación presentada por el diputado Raúl Benítez, quien expuso cronologías que no cierran en el historial académico del clan Esgaib:

  1. Nasser Esgaib: Su carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana fue habilitada en 2010. No obstante, el título ya figuraba como registrado en 2013, incumpliendo la duración mínima de cinco años exigida por ley.
  2. Yamil Esgaib: El diputado cartista también está bajo la lupa, pues obtuvo su título en Administración de Empresas en solo tres años, cuando la malla curricular demanda un mínimo de cuatro.

“Este medio día presenté un pedido de reconsideración porque la respuesta del MEC deja más dudas que certezas. Resulta difícil creer que una institución pública no conserve ningún respaldo documental del proceso mediante el cual legalizó y registró un título universitario habilitante para ejercer una profesión”, expresó Díaz.

A renglón seguido sostuvo: “Si el Estado avaló oficialmente ese título, debe existir trazabilidad, archivos y antecedentes administrativos que permitan verificar cómo se realizó el procedimiento. La ciudadanía tiene derecho a respuestas claras, transparentes y fundadas, no a vacíos administrativos que solo alimentan la desconfianza”.

Estamos evaluando presentar un amparo judicial para exigir que el MEC responda lo que la ciudadanía preguntó y acceder finalmente a la verdad. Basta de engaños, basta de impunidad. Las instituciones tienen la obligación de responder”, afirmó Díaz.

El objetivo es forzar la apertura del expediente administrativo para determinar si el título del concejal fue emitido bajo procesos irregulares o si contó con el favor institucional para su validación rápida, un esquema que parece repetirse en varios casos vinculados a la misma universidad.