El primero en declarar fue Juan Zayas, quien se desempeñaba como vicepresidente del Consejo de Desarrollo, cuyo presidente fue el propio intendente Víctor Garay (ANR), quien está enjuiciado por malversar dinero provenientes de fondos especiales y generar un presunto daño patrimonial de G. 2.440 millones.
Juan Zayas durante su testimonio aparentemente ocultó información o suministraba datos de manera parcial, por lo que la presidenta del Tribunal de Sentencia, jueza Elsa García, lo reprendió y le recordó que estaba bajo juramento y que se exponía a una condena por testimonio falso tipificada en el Artículo 242 del Código Penal, el cual establece penas privativas de libertad de hasta diez años.
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“Acompañarle al presidente en su gestión. En llevar adelante los proyectos que se debían desarrollar”, dijo Zayas, pero no indicó que el presidente de la comisión era el propio intendente.
Agregó que los cheques emitidos a favor del Consejo de Desarrollo, que en total fueron tres, “eran un error administrativo del tesorero y que fue subsanado”, pero no recordó el nombre del tesorero.
Zayas dio también una declaración contraria a lo que había indicado antes en juicio el arquitecto Roque Ortíz, quien debía fiscalizar las obras ejecutadas con dinero de fondos especiales otorgados a los municipios para obras y preservar el patrimonio cultural por las leyes 5255/14 y 6145/18.
Arquitecto confirmó presión
El arquitecto Roque Ortíz relató en una audiencia anterior que recibió supuestas presiones, pedidos de dinero y el pago incompleto de sus honorarios por trabajos realizados para la comuna.
Ortíz había señalado a un intermediario identificado como Zayas como la persona que le realizaba constantes pedidos de dinero, bajo la promesa de garantizar la continuidad de los trabajos y gestionar futuras adjudicaciones de proyectos.
Según declaró Ortíz, las exigencias se realizaban tanto de manera presencial como mediante mensajes de WhatsApp. El profesional puso a disposición dichos documentos.
Debido a que Zayas dijo desconocerlo y no tener contacto alguno con Roque Ortíz, el fiscal Luis Alberto Albertini pidió al Tribunal que se realice un careo entre ambos testigos en las siguientes audiencias.
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De ama de casa a empresaria
También declaró Sonia Brítez, quien aparece como dueña de la empresa Brítez Emprendimiento y quien siendo ama de casa, fue adjudicada con la construcción de empedrados.
La mujer declaró de manera telemática y constantemente indicaba que no escuchaba las consultas y no veía las pruebas documentales que se le mostraban. Ante esto, la presidenta del Tribunal de Sentencia le indicó que si seguía en ese tenor debería llegar hasta Asunción para su declaratoria.
Tras la reprimenda, la testigo comenzó a declarar fluidamente. Sonia Brítez dijo que tiene como actividad comercial la venta de electrodomésticos y construcción.
La magistrada Elsa García le preguntó qué profesión tenía y Sonia Brítez dijo “ama de casa”, luego se retractó y aclaró que “era empresaria”.
En la trasmisión se escuchaba que alguien le estaba “soplando las respuestas” a lo que la jueza le preguntó si alguna persona se encontraba con ella. Sonia Brítez negó, pero quedó la duda.
En otro momento de su declaración confirmó que no cuenta con equipamientos propios para ejecutar obras viales y que las maquinarias las alquiló de la municipalidad.
Es decir, ella fue adjudicada con una obra y utilizó las maquinarias de la propia municipalidad para ejecutarla. Esto ya lo había confirmado antes la testigo Diana Monzón, quien era vecina de Brítez y quien fue una de las testigos que fue amenazada por el intendente Garay.
“Alquilo de la municipalidad la retro y la tumba. Solo camionetas tengo. Pagaba por hora a la municipalidad”, dijo Sonia Brítez, evidenciando la sospecha de la fiscalía de que se crearon “empresas de maletín” para malversar dinero municipal.
En la consulta del Ministerio Público sobre cómo ganó la adjudicación de la obra, Sonia Brítez confirmó que recibió una carta de invitación de la Municipalidad de Jesús de Tavarangüe y agregó que una vez que ganó, se reunió con el propio intendente Garay y los asesores municipales.
Contadora dijo no saber nada
La tercera testigo fue la contadora Mirian Duarte, quien llevaba la contabilidad de la arquitecta María Laura Bonet, cuyas facturas se utilizaron para “justificar documentalmente” millonarios pagos por obras que no se ejecutaron.
La contadora Mirian Duarte indicó que le llevaba la contabilidad a la arquitecta María Laura Bonet, pero que desconoce el supuesto esquema montado para el cobro municipal.
“Yo no sé nada. A mí me quitó de la contabilidad cuando se enteró por los medios de que su factura se usó para algo con la municipalidad”, dijo la contadora.
Agregó que llevaba la contabilidad y que la arquitecta se dedicaba a la construcción, venta de ropa y grabados láser.
“Cuando se descubrió todo me quitó toda la contabilidad, ya no supe nada. Ella me quitó toda información”, remarcó Duarte.
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Antes, ya había declarado la arquitecta Laura María Bonet, quien confirmó que la Municipalidad de Jesús utilizó su nombre para emitir facturas y pagos por supuestas fiscalizaciones de obras, sin su consentimiento.
Indicó que, cuando las facturas fueron emitidas ella ni siquiera había defendido su tesis para obtener su título de arquitecta.
La siguiente audiencia fue fijada para el próximo lunes 7 de setiembre a las 08:00 para continuar con las testificales del caso.