Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 35 años, alias Omelet, nacido en Uruguay, fue capturado el 13 de marzo pasado en Bolivia, trasladado ese mismo día a Perú y llevado al día siguiente a Estados Unidos.
Sebastián Marset permanece recluido en el Centro de Detención para Adultos William Gene Truesdale, en la ciudad de Alexandría, estado de Virginia, a solo 15 kilómetros de la capital, Washington DC.
El 25 de junio pasado, la Fiscalía Federal presentó acusación formal contra Marset por cuatro hechos punibles: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, conspiración para el lavado de dinero y lavado de dinero.
Sus abogados estadounidenses presentaron en distintos momentos procesales varios recursos con la intención de retrasar el juicio, que quedó fijado para el 11 de enero de 2027, y principalmente para excluir pruebas.
Justamente, con relación a esto último tema, el 7 de setiembre pasado los fiscales federales Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg presentaron una nota dirigida al Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia. El documento fue refrendado por la fiscala federal adjunta Theophani K. Stamos y nada menos que por el propio fiscal general de Estados Unidos, Todd W. Blanche.
Fue una contestación de la Fiscalía a la “Moción del acusado para excluir declaraciones y pruebas obtenidas a partir de ellas, bajo la doctrina del ‘fruto del árbol envenenado’, y a la Moción del acusado para desestimar la causa por enjuiciamiento vengativo y conducta indebida del Gobierno”.
Defensa de Sebastián Marset sostiene que las charlas fueron informales
Básicamente, los abogados de Marset pidieron al Juzgado que se excluyeran de entre las pruebas en su contra las manifestaciones que hizo el narcotraficante uruguayo a los agentes de la DEA que lo contactaron incluso un año antes de su captura y también las confesiones que hizo inmediatamente después de su detención, ante otros agentes especiales. Las entrevistas ahora usadas como prueba se llevaron a cabo en Bolivia, Perú y Estados Unidos, desde su arresto hasta las primeras audiencias judiciales.
Marset sostiene que las revelaciones que hizo no pueden ser tomadas como pruebas, porque son de origen ilegal, y que se produjeron en el marco de charlas informales.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que “toda declaración realizada libre y voluntariamente, sin influencias coercitivas, es admisible como prueba”.
Es más, sobre una de las conversaciones entre Marset y dos agentes especiales de la DEA, identificados como Reyes y Vega, se explica que “por precaución, el agente especial Reyes indicó que la conversación con el acusado debía grabarse en audio; el acusado reconoció este hecho y dio su consentimiento”. Esto fue en el viaje en avión de Bolivia a Perú.
El papel señala además que “el agente especial Reyes explicó al acusado el contenido del escrito de acusación en términos generales. El acusado admitió algunas de las alegaciones del escrito, incluida la entrega de dinero por parte del coacusado Federico Santoro Vassallo en Sudamérica, pero discrepó de otras. El agente especial Reyes señaló que el acusado debería tratar estas inquietudes con su abogado. El acusado manifestó que aceptaba la situación y que abordaría dichas inquietudes más adelante”.
Declaraciones, en “tono de broma”
Ya cuando llegó a Estados Unidos, Sebastián Marset mantuvo una reunión con los tres principales investigadores del caso, identificados solo como agente especial Greisen, agente especial Ganzel y la analista de inteligencia Juno. Fue el 14 de marzo pasado en el aeropuerto internacional Dulles de Washington DC.
Sobre este encuentro con la DEA, el documento de la Fiscalía dice que “aproximadamente a las 11:00 AM, el agente especial Greisen, el agente especial Ganzel y la analista de inteligencia Juno, denominados colectivamente como ‘los investigadores’, se identificaron con sus credenciales como los investigadores a cargo del caso del acusado. Le retiraron las esposas y le ofrecieron agua y refrigerios”.
“Los investigadores explicaron al acusado, en términos generales, que colaborar con el Gobierno de los Estados Unidos le resultaría ventajoso para una posible reducción de la pena en el futuro. Percibieron que el acusado mostraba interés en la colaboración y formulaba preguntas sobre su funcionamiento”, prosigue el documento.
“A lo largo del interrogatorio, el acusado comentó en varias ocasiones, y en tono de broma, que cierta información debería valerle ‘puntos’ a su favor respecto a las directrices de sentencia. Los investigadores reiteraron durante toda la entrevista que la sentencia del acusado no dependía de ellos, sino que sería decidida por un juez”, revela el papel presentado por la Fiscalía.
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Supuestamente, Marset leyó los derechos que le asistían y “el acusado indicó que había leído, comprendido y renunciado a sus derechos, y que aceptaba someterse a la entrevista sin la presencia de un abogado”.
En otras conversaciones, como la del 16 de marzo pasado, cuando lo llevaban al Tribunal Federal, Marset hizo varias confesiones más ante los agentes especiales Greisen y Ganzel, como que tenía en ese momento parte de sus ganancias invertidas en una carga de 10 toneladas de cocaína y que guardaba dinero y relojes de lujo en las cajas fuertes que se encontraron en la casa donde lo arrestaron en Bolivia.
Sobre ese charla, la Fiscalía expone que “el agente especial Greisen le recordó su derecho a guardar silencio, que cualquier cosa que dijera podría ser utilizada, y lo sería, en su contra ante el tribunal”.
Supuestamente, “el acusado interrumpió al agente especial Greisen, declaró que comprendía sus derechos” y “acto seguido, el acusado facilitó voluntariamente más información a los agentes”.
Solicitud de Marset, rechazada
Según los datos obtenidos, tras la contestación de la Fiscalía, la Justicia Federal de Estados Unidos rechazó las pretensiones de Sebastián Marset y, de este modo, todas las pruebas acumuladas por la DEA serán admitidas y usadas en su contra en el juicio que se va a celebrar el próximo año.
En caso de ser hallado culpable, Marset podría ser sentenciado incluso a cadena perpetua, es decir, que estaría en prisión el resto de su vida.
De hecho, en el documento oficial los estadounidenses dicen que “el acusado, Sebastián Enrique Marset Cabrera, fue durante muchos años uno de los narcotraficantes más prolíficos de América del Sur. Autodenominado el “Rey del Sur”, traficó toneladas de cocaína, valoradas en millones de dólares estadounidenses, desde América del Sur hacia diversos lugares del mundo, particularmente Europa, pero también los Estados Unidos".