La medida, canalizada a través del prestigioso bufete internacional White & Case LLP y evaluada por expertos independientes, puede ser catalogada como una de las mayores demandas en la historia del país por un monto que supera los 600 millones de dólares. Esta situación abre una ventana formal de tres meses de negociación antes de que el litigio desembarque de forma definitiva en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington D.C.
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Un megaproyecto paralizado
El Proyecto Villeta, proyectado con una inversión global de US$ 665 millones, estaba llamado a convertirse en la mayor inversión industrial extranjera directa en la historia paraguaya.
La iniciativa pretendía transformar al país en un referente regional y mundial en la producción de fertilizantes de bajas emisiones de carbono, generando unos 4.000 empleos durante su fase de construcción y más de 1.000 puestos operativos permanentes. Sin embargo, el escenario dio un giro drástico tras la revocación de los decretos ejecutivos que fijaban las condiciones de plazo y tarifa energética prefijada.
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Desde la compañía remarcaron que el proyecto se desarrolló durante varios años sobre la base de un marco regulatorio formal y garantías institucionales en las que confiaron para comprometer capital significativo, por lo que la posterior derogación de esos decretos eliminó un elemento esencial que afectó de manera fundamental la viabilidad económica y financiera del emprendimiento, poniendo en riesgo el capital ya invertido.
El conflicto
El quiebre de las conversaciones quedó expuesto tras la confirmación pública de la ANDE, a través de su presidente, Miguel Báez Reyes, sobre la interrupción definitiva de las negociaciones en los términos planteados por la firma británica.
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El punto de quiebre radica en la estructura operativa del suministro exigido por la multinacional, que pretendía cubrir apenas un tercio de su demanda mediante energía solar, exigiendo a la estatal garantizar el resto con energía hidroeléctrica —de alta firmeza operativa y mayor valor comercial— bajo tarifas congeladas.
El trasfondo tarifario suma además un componente de alta tensión política tras las recientes denuncias del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), que alertaron que, mientras el Poder Ejecutivo desestimó una oferta de la firma de inteligencia artificial Imperium para adelantar cinco años de pago a una tarifa de US$ 70 por megavatio, prefirió impulsar un esquema preferencial de solo US$ 30 a favor de ATOME.
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El titular de la estatal eléctrica había remarcado en entrevista con ABC Cardinal que el Estado no dispone de los fondos requeridos para financiar por sí solo las millonarias obras de infraestructura necesarias, por lo que era indispensable un esquema regulatorio claro para el capital privado.
Cuenta regresiva: 90 días para evitar el CIADI
A pesar de la contundencia de la notificación remitida a las autoridades nacionales y a las embajadas del Reino Unido, la Unión Europea, Francia, Alemania y Estados Unidos, la firma aclaró que la acción no constituye todavía el inicio formal de un arbitraje, sino la activación del protocolo de resolución de disputas contemplado en el Tratado Bilateral de Inversión entre Paraguay y Gran Bretaña.
Tras varios meses de intentar alcanzar una solución, la empresa considera que el proyecto no puede permanecer indefinidamente en la incertidumbre jurídica y comercial, por lo que este aviso fija un plazo de noventa días en el que la clara preferencia de la multinacional sigue siendo alcanzar un acuerdo amistoso que permita avanzar con la construcción de la planta en Villeta y así evitar la instancia judicial internacional.
La red de financiamiento internacional en alerta
El impacto del reclamo sobrepasa la esfera diplomática local, ya que la infraestructura financiera construida por ATOME para la planta industrial incluye compromisos vinculantes de financiación de colosos del crédito multilateral como IDB Invest, la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Verde para el Clima, el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial, la Corporación Alemana de Inversión, el Impact Fund Denmark y Hy24.
A este entramado institucional se suman socios globales de peso estratégico como el gigante energético Baker Hughes, la gestora británica Schroders, la suiza Casale S.A. y la multinacional Yara International, con la cual ya existía un contrato firmado por diez años para la compra total de la producción de fertilizantes verdes.
La disputa por la tarifa eléctrica
El conflicto de fondo radica en la disputa por el precio y la disponibilidad de la energía demandada para la síntesis de hidrógeno y amoníaco verde.
Tras la revocación del marco normativo que otorgaba certeza a la tarifa eléctrica bajo el contrato PPA, el Gobierno argumentó la necesidad de resguardar la sostenibilidad financiera de la estatal eléctrica, mientras que la empresa británica sostuvo que sin esas garantías resulta inviable sostener la arquitectura de financiamiento internacional.
Con la notificación de controversia formalmente presentada, la decisión final queda en manos de la administración del presidente Santiago Peña, que deberá definir en los próximos noventa días si restituye un marco de entendimiento comercial con los inversores o si el país enfrentará un litigio multimillonario de profundas repercusiones internacionales.