En el marco de la denominada “Operación Dignidad”, una comitiva fiscal-policial junto con representantes del Ministerio del Trabajo y la Dirección Nacional de Migraciones allanaron un edificio ubicado sobre la avenida Santa Teresa de Asunción. El procedimiento se ejecutó a raíz de una investigación por un supuesto hecho punible de trata internacional de personas con fines de explotación laboral en un recinto que funcionaba bajo la modalidad de call center.
El procedimiento tuvo lugar en el Edificio AURA Paraguay, donde opera la firma Marketing Sociedad Anónima junto a otras empresas. La causa está a cargo de la fiscal especializada contra la Trata de Personas, María Isabel Arnold, y fue autorizada por el juez penal de garantías Humberto Otazú.
Durante el procedimiento se incautaron cuadernos, pendrives, bibliógrafos, legajos, un DVR y cinco notebooks que serán remitidos al laboratorio forense del Ministerio Público para la extracción de datos.
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Red de captación por redes sociales y engaño laboral
Según detalló el jefe del Departamento contra la Trata de Personas, comisario Humberto Ramón Aquino Riveros, las pesquisas iniciaron tras la denuncia concreta de una de las víctimas. Una mujer manifestó haber sido captada a través de plataformas digitales.
“Una de las víctimas proporcionó datos precisos del lugar de la empresa y que supuestamente ella fue captada a través de las redes sociales, a través de una aplicación utilizada por la empresa a fin de realizar trabajo de call center”, explicó el comisario Aquino Riveros.
La denunciante refirió que fue sometida a un periodo de prueba de tres meses, tras el cual fue desvinculada sin recibo de haberes ni indemnización alguna por las labores desempeñadas en el recinto.
“Una vez llegado al lugar, ella fue admitida a fin de pasar una pasantía de tres meses. Durante ese periodo de tres meses, ella fue sacada del lugar y comunicado por la administración diciéndole que ella no aprobó dicho periodo de prueba y como así mismo también tampoco le había pagado por su trabajo realizado en dicho lugar”, relató el jefe policial.
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Víctimas vulnerables y empresas bajo la lupa
Durante la inspección del inmueble, la comitiva identificó a cerca de 200 personas distribuidas en tres niveles. La verificación arrojó que una parte importante de los trabajadores prestaba servicios de forma irregular e informal.
“Más del 40 % de los ciudadanos brasileños que estaban ahí estaban en situación irregular y, según el Ministerio de Trabajo, también estaban en situación irregular conforme a su condición como trabajadores. La mayoría estaba en forma informal”, precisó Aquino.
El jefe del Departamento contra la Trata de Personas explicó cómo se habría aprovechado la empresa de la condición de los empleados extranjeros, cuyas edades oscilan entre los 20 y 50 años.
“Atacaban a ciudadanos brasileños y en su condición de situación irregular, su estadía acá en el país la vuelve vulnerable y por esa situación creemos que la empresa se aprovecha de esa situación y le pagaban lo que no le corresponde según el contrato a priori que realizan con esa persona”.
Respecto a si las víctimas permanecían privadas de libertad, el comisario aclaró que los trabajadores refirieron contar con flexibilidad, aunque se analiza el engaño en la captación.
“En ningún momento ellos manifestaron que estaban en contra de su voluntad, tampoco estaban retenidos ni coaccionados en su libertad”, dijo el comisario, añadiendo que “creemos a priori, ahora no descartamos ninguna hipótesis, que esas personas fueron captadas bajo engaño”.
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