La investigación sobre la fuga registrada en la cárcel de Emboscada apunta a un presunto esquema de privilegios para determinados internos, con pagos en dólares por la permanencia en celdas vip y maniobras para retirar celulares antes de la llegada de la Fiscalía.
La fiscala Fabiola Sosa reveló que las sospechas involucran a funcionarios penitenciarios y explicó por qué los guardiacárceles que inicialmente fueron detenidos todavía no están imputados.
La investigación derivó en la detención del director del establecimiento penitenciario, Pablo Abel González Apuril; el jefe de seguridad de la cárcel, Aldo Galeano; y del subcomisario Derlis Cáceres, excoordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia (MJ).
Sospechan pagos en dólares por celdas vip en Emboscada
Uno de los hallazgos que investiga la Fiscalía es la existencia de un módulo denominado “Siete Alta”, donde fueron identificados ocho reclusos que, según la fiscala, no debían estar en ese espacio porque no figuraban en el registro correspondiente.
En ese sector también se encontraron celdas VIP. “La sospecha es que se estaría dando un canon por permanecer en ese lugar”, declaró Sosa.
Pagos en dólares por celdas vip
Según explicó, los montos presuntamente abonados eran elevados y equivaldrían a aproximadamente dos años de salario promedio de un trabajador, unos US$ 12.382.
La fiscala indicó que los pagos se habrían realizado en dólares e, inclusive, no descartó que los montos asciendan hasta US$ 70.000. “Hubo varios montos, estamos comprobando si es así (US$ 70.000 por celdas vip en dicho pabellón)”, añadió.
Sosa aclaró que este último monto todavía está siendo comprobado por el Ministerio Público.
Fiscalía investiga el perfilado de los reclusos
La fiscala explicó que la principal sospecha sobre las celdas VIP apunta al proceso de elaboración de perfiles de los internos, utilizado para determinar en qué módulos debían permanecer dentro del penal de máxima seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada.
Según Sosa, los funcionarios encargados de esa tarea habrían tenido participación en las presuntas irregularidades, al perfilar a determinados reclusos para que fueran destinados a los módulos vip.
Indicó que el procedimiento estaba a cargo de un consejo penitenciario, que recibía información proporcionada por el entonces coordinador de Inteligencia, el subcomisario Cáceres.
“Participan varios funcionarios que dan un informe, que se recaba bajo la coordinación de Inteligencia del Ministerio. Luego, esta información va al Ministerio y después se van sacando los perfiles”, mencionó.
¿Quiénes eran los reclusos en el módulo VIP?
En tanto que los ocupantes del pabellón vip resultaron ser Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, (hijo del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes); Thiago Alessandro De Oliveira Dávalos Brites, alias Flamengo; José Alberto Insfrán Galeano, alias Pastor; José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, alias La Maldad; Alexis Vidal González Zárate, alias Pelado; Luis Alberto Paiva Gutiérrez, alias Mariachi; Marcio Gayoso, alias Candonga, y Oliver Daniel Lezcano Galeano, alias Policía.
Todos están encerrados por narcotráfico, excepto alias Policía.
No descartan más involucrados
Sosa no descartó que integrantes de esa comisión o consejo también estén involucrados en el esquema investigado.
En ese sentido, adelantó que se analizará cada informe de perfilado para determinar si los internos estaban correctamente asignados a esos módulos o si existieron procedimientos irregulares para favorecerlos.
Cáceres seguía dando órdenes pese a su destitución
Otro de los elementos revelados por la fiscala tiene relación con el papel que habría desempeñado el subcomisario Derlis Cáceres después de que se dispusiera su salida de la coordinación de Inteligencia.
De acuerdo con Sosa, pese a que estaba siendo destituido del cargo el 29 de septiembre, Cáceres seguía dando instrucciones al jefe de seguridad del penal.
La fiscala señaló que, tras revisar las imágenes del circuito cerrado, detectaron un “movimiento raro” ocurrido después de la fuga y antes de que los investigadores llegaran al establecimiento penitenciario.
Durante la intervención, Sosa y su asistente observaron que un funcionario penitenciario salía del lugar con un bolsón. Ambos corrieron para interceptarlo y encontraron en su interior dispositivos celulares que, según la investigación, los guardias entregaban irregularmente a los reclusos.
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Recibían órdenes de director y Cáceres
La fiscala explicó que los agentes penitenciarios señalaron que recibieron órdenes del entonces director del penal y del exjefe de Inteligencia para retirar los teléfonos.
“Los agentes penitenciarios dijeron que ellos reciben órdenes del director de ese entonces y del exjefe de Inteligencia, el comisario Cáceres. Ambos de forma autónoma llaman al jefe de seguridad y le dicen que desaparezca los celulares. Él, siguiendo la cadena de mando, ordena a los guardias a hacer la recolección de los teléfonos y retirarlos del penal antes que la Fiscalía llegara para investigar la fuga”, sostuvo.
Los cuatro guardiacárceles arrestados fueron identificados como:
- Pedro Antonio Balbuena Gayoso (32)
- Leandro David Guzmán Maidana (28)
- Héctor Enrique Ozuna Giménez (32)
- Carlos Martín Agüero Cáceres (29).
Por qué los guardiacárceles todavía no fueron imputados
La fiscala también explicó la decisión del Ministerio Público de no imputar, por el momento, a los guardiacárceles que inicialmente fueron detenidos tras el episodio.
Los funcionarios prestaron declaración mediante el mecanismo de anticipo jurisdiccional de pruebas. Según Sosa, la estrategia fiscal consistió en utilizar esos testimonios para avanzar hacia los presuntos responsables de mayor jerarquía.
“Es un poco cuestionado decir que no se les imputó porque ellos sabían (lo ocurrido). Sabemos que estas personas siguen órdenes. Caen los de abajo y nunca los verdaderos autores. Entonces, la estrategia fue utilizar las declaraciones de estas personas para llegar a las dos personas que ahora están procesadas”, mencionó.
La agente fiscal aclaró que los guardiacárceles podrían ser procesados posteriormente si, durante el avance de la investigación, se identifican otras conductas penalmente reprochables.
Fiscalía pidió prisión preventiva para Cáceres
En cuanto a la situación procesal de los investigados, Sosa indicó que el director del penal, Pablo Abel González Apuril, se encuentra con prisión preventiva.
Asimismo, señaló que el subcomisario Derlis Cáceres debe comparecer este viernes ante el juzgado para su audiencia de imposición de medidas. La Fiscalía solicitó también para él la aplicación de prisión preventiva.
La fiscala remarcó que la causa continúa en una etapa preliminar y que, por el momento, el Ministerio Público trabaja sobre indicios y sospechas.
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Por ese motivo, evitó adelantar conclusiones sobre la participación de otros funcionarios o la configuración definitiva de los hechos investigados.