La acusación fiscal del megacaso antinarcotráfico “A Ultranza Py” describe una serie de operaciones financieras que, según la Fiscalía, habrían sido utilizadas por el empresario Alberto Koube Ayala para administrar e introducir en el sistema financiero nacional ganancias provenientes del tráfico internacional de cocaína, atribuidas al esquema liderado por Sebastián Marset.
Entre las entidades mencionadas en el escrito aparecen Credicentro SAECA -posteriormente denominada Ueno Holding SAECA-, IOIO SAECA, Financiera El Comercio y otras vinculadas al circuito de operaciones investigado.
El documento fiscal, presentado en febrero del 2023, reconstruye los viajes realizados por Koube a Dubái junto con integrantes de la organización. Uno de los desplazamientos tuvo lugar en abril de 2021, cuando, según la acusación, el empresario viajó con Sebastián Marset y la pareja del empresario, María Noelia Colmán.
Al respecto, el Ministerio Público señala textualmente: “el acusado realizó viaje junto con Sebastián Marset a Dubái, acompañado de la acusada María Noelia Colmán, específicamente el 15 de abril de 2021, a las 15:04, y retornó el 22 de abril de 2021, a las 15:04, fecha en la que el citado líder de la organización criminal salió y entró al país, con el mismo destino y origen de Koube”.
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Viajes a Dubái vinculados a Marset
La Fiscalía también menciona la coincidencia de desplazamientos con otros integrantes de la estructura investigada: “las citadas personas, junto con el imputado José Darío Estigarribia y el sospechado Federico Ezequiel Santoro Vasallo, viajaron juntos a Dubai y se hospedaron en el mismo hotel, entre el 17 al 21 de abril de 2021”.
Koube Ayala y Colmán fueron elevados a juicio oral y público por lavado de dinero y asociación criminal, acusados de usar empresas como el Grupo Tapyracuai S.A. y la compra de activos para inyectar en el sistema financiero las ganancias del narcotráfico. Por su parte, la causa para Sebastián Marset —imputado por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación criminal como presunto líder de la red de acopio y envío de cocaína a Europa— prosigue abierta e impedida de avanzar a juicio debido a su extradición desde Bolivia a los Estados Unidos.
Estigarribia se encuentra imputado por lavado de dinero y asociación criminal y con prisión preventiva en Paraguay tras su detención y deportación desde Emiratos Árabes Unidos, procesado por actuar como administrador de confianza del esquema para la compra de empresas y bienes. En tanto, para Santoro Vasallo el proceso local por lavado de dinero y asociación criminal quedó en suspenso luego de ser extraditado a los Estados Unidos, donde ya recibió una condena de 15 años de prisión por diseñar la estructura financiera y de giros al exterior para bancarizar los activos ilícitos del grupo.
Viaje a Dubái para recibir directivas de Marset
Otro desplazamiento considerado relevante por los investigadores ocurrió en enero de 2022. De acuerdo con la acusación, Koube volvió a viajar a Emiratos Árabes Unidos, luego de que Marset recuperara su libertad tras permanecer detenido en ese país.
El escrito fiscal detalla: “Koube se trasladó al mencionado país, específicamente el 9 de enero de 2022, para el cual salió del país con destino a Brasil, desde el cual partió al mencionado país, en el vuelo EK 0262 de Emiratos Árabes Unidos y llegó el 10 de enero de 2022, y posteriormente salió el 18 de enero de 2022 y regresó a Brasil en la misma fecha”.
Sobre el propósito de ese viaje, la Fiscalía plantea una hipótesis concreta respecto a la administración de los activos atribuidos al presunto esquema criminal. “Los mencionados datos permiten sostener que el acusado (Koube), luego de que Sebastián Marset haya recuperado su libertad, tras haber sido detenido en Emiratos Árabes Unidos aproximadamente en el mes de setiembre de 2021, se trasladó al mencionado país con el objeto de obtener las directrices del referido imputado (Marset) con relación a sus bienes y ganancias ilícitas que estaban siendo administrados por él”.
Para el Ministerio Público, estos desplazamientos forman parte de la reconstrucción de la relación entre Koube y Marset, así como de la administración de los recursos que, según la acusación, provenían de actividades vinculadas al tráfico internacional de drogas.
Préstamos e inversiones en Credicentro y Ueno
Uno de los puntos centrales de la acusación fiscal es la operación realizada el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría obtenido dos préstamos de Ueno Holding SAECA y, en la misma fecha, habría colocado esos recursos como inversiones en Credicentro SAECA, entidad que posteriormente pasó a denominarse Ueno Holding.
El documento del Ministerio Público describe la transacción en los siguientes términos: “el 28 de diciembre de 2021, el acusado solicitó y obtuvo dos préstamos de la empresa UENO Holding SAECA, respectivamente por valor de USD. 1.015.197 y USD. 1.523.627, los cuales, en la misma fecha, lo invirtió en la firma Credicentro SAECA (parte de la firma UENO Holding), mediante contrato de inversión celebrado por Alberto Koube Ayala, en la referida fecha, ambas a ser devueltas el 25 de junio de 2022”.
La acusación también registra otra operación efectuada ese mismo día. Según el Ministerio Público, Koube colocó a nombre de María Noelia Colmán G. 1.300 millones en un certificado de depósito de ahorro (CDA) en la entonces Credicentro.
El escrito fiscal refiere textualmente: “También, el 28 de diciembre de 2021 el acusado puso a nombre de María Noelia Colmán, en CDA, la suma de G. 1.300.000.000, depositada en la entonces entidad denominada Credicentro (actualmente Ueno)”.
Los G. 10.000 millones colocados en IOIO SAECA
Otra operación destacada por la Fiscalía involucra a IOIO SAECA, entidad que posteriormente pasó a formar parte de Ueno Holding SAECA. El 11 de noviembre de 2021, Koube habría depositado más de G. 10.000 millones bajo el concepto de inversión, mediante un contrato suscrito en representación de Grupo Tapyracuai.
La acusación fiscal precisa: “el 11 de noviembre de 2021, Alberto Koube Ayala depositó la suma de G. 10.000.568.456, en concepto de ‘inversión’, en la empresa ‘IOIO SAECA’ (actualmente UENO Holding Saeca), mediante el contrato celebrado por el citado, en representación de la firma Grupo Tapyracuai, a ser devuelta el 09 de mayo de 2022”.
Respecto al origen de esos recursos, el Ministerio Público señala que Koube habría argumentado que el dinero provenía de un préstamo concedido por Financiera El Comercio SAECA. Sin embargo, la Fiscalía cuestiona esa justificación y sostiene que la operación habría sido simulada.
“Para dicha inversión, otra vez, el referido acusado justificó su supuesto origen como proveniente del préstamo que le concedió la Financiera El Comercio SAECA, el 18 de agosto de 2021”, agrega el documento.
La Fiscalía habla de simulaciones para insertar dinero ilícito
La valoración del Ministerio Público sobre estas operaciones es uno de los aspectos más relevantes de la acusación. Para los fiscales, los préstamos y contratos de inversión mencionados no habrían respondido a operaciones comerciales genuinas, sino que constituirían mecanismos destinados a justificar el origen de recursos ilícitos atribuidos a Marset.
En ese sentido, la acusación sostiene textualmente: “Dichas operaciones, nuevamente constituyen una simulación hecha por el acusado, con el objeto de justificar el supuesto origen de las mencionadas inversiones como provenientes de préstamos obtenidos por el acusado, en representación de la firma Are Inversiones S.A., cuya empresa, como se expresó más arriba, fue adquirida por Sebastián Marset, por medio de Alberto Koube Ayala, de manera que, a los efectos de asegurar el capital ilícito del citado líder de la organización criminal, el acusado lo introdujo bajo concepto de ‘inversión’, en la empresa Credicentro SAECA”.
En otro pasaje, el Ministerio Público insiste en el carácter presuntamente ficticio de estas transacciones y señala: “cuando, en realidad, dicha operación constituye una mera simulación, como usualmente lo vino empleando Alberto Koube, para insertar las ganancias ilícitas que obtuvo de Sebastián Marset”.
La Fiscalía atribuye a Koube el diseño y la ejecución de mecanismos para introducir los beneficios económicos de la organización criminal en el circuito financiero nacional. “De esta manera, Alberto Koube aprovechó sus conocimientos y experiencias adquiridos en el ámbito comercial para estar al servicio de Marset, idear y ejecutar la forma de introducir al sistema financiero nacional las ganancias que el citado líder del conjunto ilícito obtuvo durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2020 y 2021, mediante la remisión periódica de cargas de clorhidrato de cocaína al mercado ilícito de Europa y África”, menciona la acusación.
Peña tenía acciones en Ueno durante el periodo de las operaciones
La cronología de las operaciones financieras señaladas por la Fiscalía adquiere una dimensión política y económica al contrastarse con la participación accionaria que tuvo Santiago Peña en la sociedad vinculada a Credicentro y posteriormente denominada Ueno Holding SAECA.
Según las declaraciones propias del expresidente, Peña ingresó como accionista en 2019, cuando adquirió inicialmente un paquete accionario por valor de G. 1.500 millones. Su participación se mantuvo hasta finales de marzo de 2025, cuando se desvinculó de la sociedad mediante la venta o reducción de su participación accionaria, que ascendía a G. 6.144 millones.
Es decir, durante las operaciones de diciembre de 2021 que la Fiscalía atribuye a Koube y que involucran préstamos e inversiones en Credicentro, Santiago Peña todavía tenía participación accionaria en la sociedad. Esta coincidencia temporal no implica, por sí misma, que el entonces accionista haya tenido conocimiento o participación en las transacciones investigadas. La acusación fiscal citada no le atribuye responsabilidad penal en estos hechos.
El tema vuelve a cobrar relevancia en noviembre de 2026, luego de que el Banco Central del Paraguay iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank -perteneciente a Ueno Holding-, tras detectar inconsistencias que motivaron la intervención de la autoridad monetaria. El episodio derivó en una crisis financiera y en el escenario político que desembocó en el juicio político de Peña.
Ueno y las inversiones bajo pedido de comiso
La vinculación de estas entidades con la investigación no se limita a los relatos sobre préstamos y contratos de inversión. La acusación también incorpora cuentas, depósitos y sumas de dinero que el Ministerio Público identifica dentro de los activos y beneficios económicos sujetos a decomiso o comiso especial.
Entre los montos individualizados figura la inversión de G. 10.000.568.456 depositada en IOIO SAECA, en representación de Grupo Tapyracuai, perteneciente a Koube, así como dos inversiones realizadas en Credicentro por US$ 1.015.197 y US$ 1.523.627, respectivamente, además de sus intereses.
El escrito fiscal también incluye los G. 1.300 millones depositados por María Noelia Colmán en Credicentro, en concepto de contrato de inversión, y otros fondos identificados en cuentas de ahorro de Ueno SAECA, entre ellos US$ 3.413 pertenecientes a Grupo Tapyracuai y G. 14.741.257 correspondientes a una caja de ahorro a nombre de Colmán.
La documentación incorporada por el Ministerio Público incluye, además, informes remitidos por las propias entidades financieras. Entre ellos figuran notas de Credicentro, Financiera UENO e IOIO SAECA, así como documentación bancaria y contratos de inversión que fueron incorporados como elementos de convicción para sustentar la hipótesis fiscal.
¿Cuánta plata “invirtió” Marset en Ueno?
De esta manera, la acusación de A Ultranza Py expone un circuito de operaciones que, según el Ministerio Público, habría permitido introducir en el sistema financiero nacional ganancias provenientes del narcotráfico. En ese esquema, las operaciones realizadas a través de Credicentro, IOIO SAECA y otras entidades aparecen señaladas como mecanismos de simulación financiera atribuidos a Alberto Koube, en beneficio de la estructura encabezada por Sebastián Marset.
Según la acusación fiscal de A Ultranza Py, Alberto Koube habría canalizado hacia empresas vinculadas a Ueno un total aproximado de US$ 4.201.000, mediante inversiones en IOIO SAECA y Credicentro, operaciones que, según el Ministerio Público, constituían simulaciones para introducir dinero proveniente de las actividades ilícitas de Sebastián Marset.