El ahora ya histórico caso Ueno Bank se inició hace exactamente una semana, el martes 3 de noviembre, cuando fueron detenidos el dueño del Grupo Vázquez y del banco Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, y otros siete directivos de dicha entidad financiera.
La caída de estos banqueros, por el robo de unos 1.000 millones de dólares de fondos públicos, tumbó tres días después al propio presidente de la República, Santiago Peña Palacios, quien fue destituido en un juicio político, en la tarde del viernes 6 de noviembre.
Esa misma noche, Santiago Peña fue apresado por la Policía Nacional (PN), aunque por orden del Ministerio Público (MP), y actualmente guarda prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).
Técnicamente, el caso Ueno Bank consta de dos causas penales desarrolladas por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Una de ellas es la causa 89, caratulada Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros sobre lesión de confianza y otros, en la que están procesados los ocho directivos de Ueno Bank y otros 19 directivos de empresas vinculadas que habrían participado en la dispersión de los fondos públicos.
La otra es la causa 92, caratulada Santiago Peña Palacios sobre lesión de confianza y otros, en la que ya se hallan procesados el propio expresidente de la República y el expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y ahora muy probablemente el exministro de Economía Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, luego del allanamiento que se hizo en su casa.
La causa 89, contra los banqueros, está a cargo de los fiscales Luz Analía Guerrero de Martínez, Luis Lionel Piñánez García, Francisco Manuel Cabrera Sanbria, Silvio Ignacio Corbeta Dinamarca, Jorge Luis Arce Rolandi y Yeimy Rossana Adle Monges.
La causa 92, contra el expresidente de la República y el expresidente del BCP, está a cargo de los fiscales María Verónica Valdez Rivas, Laura Mercedes Giacummo Fernández, Silvia Margarita González Véster, Elena Fiore Franco, Christian Manuel Benítez Cáceres y Ruth Karina Benítez.
Allanamiento a Ueno Casa de Bolsas
Ayer, lunes 9 de noviembre, los fiscales Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle y Ruth Benítez, asignados a la causa 89 contra los directivos del banco Ueno Bank, encabezaron un allanamiento a la sede de la empresa asociada a esta, Ueno Casa de Bolsa, en el edificio del shopping Paseo Galería de Asunción.
Cuando la comitiva llegó, los intervinientes encontraron a varios empleados aún trabajando en el lugar y luego detectaron en un basurero unos documentos rotos.
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Al ser rescatados y reconstruidos parcialmente, los fiscales y los policías que actuaron de apoyo descubrieron que eran aparentemente extractos de movimientos financieros del expresidente Santiago Peña Palacios, es decir, posible evidencia documental de la relación de este con la firma intervenida, que a su vez forma parte de las empresas del Grupo Vázquez y que estaría también vinculada el descomunal desvío de fondos públicos.
Cuando revisaron las cámaras de seguridad de la empresa allanada, los fiscales pillaron que la responsable del intento de eliminación de los documentos era nada menos que la jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, Andrea María José Benítez García, de 28 años, quien automáticamente quedó detenida.
Con ese escenario, los fiscales especializados convocaron al fiscal Federico José María Leguizamón Noguera, quien estaba de turno en la Fiscalía Barrial 2 de Asunción, en cuya jurisdicción se desarrollaba el allanamiento.
El fiscal Leguizamón, además de ratificar la detención de la empleada ahora conocida como “rompepapeles”, la convocó esta mañana para una declaración indagatoria, tras la cual presentó imputación por frustración de la persecución y ejecución penal.
La imputación recayó en el despacho del juez Marcelo Francisco Saldívar Bellasai, quien abrió formalmente el proceso y convocó a la mujer para mañana a las 07:30 para la audiencia de imposición de medidas.
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En ese acto procesal, el magistrado deberá decidir si envía a prisión a la jefa de operaciones de Ueno Casa de Bolsa, tal como pide el fiscal, o si le concede medidas menos gravosas, como arresto domiciliario o directamente libertad ambulatoria.
La mujer permanece detenida en la base del Departamento Judicial Femenino, en Asunción.