Cerca de las 09:20, el superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, llegó este viernes al Palacio de Justicia de Asunción para comparecer ante el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco de la audiencia de imposición de medidas cautelares. La diligencia estaba prevista para las 08:45.
Insfrán fue imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en el marco de la causa N.º 92, caratulada como “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank.
Los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez solicitaron la prisión preventiva del superintendente en el establecimiento penitenciario que determine el juzgado.
Asimismo, requirieron la aplicación de medidas cautelares de carácter real, entre ellas el bloqueo de sus bienes y cuentas bancarias, ante un eventual pedido de comiso.
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Presuntas omisiones en la supervisión de Ueno Bank
Según el acta de imputación, Insfrán habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.
Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el superintendente no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
La Fiscalía también cuestiona una operación del 16 de junio de 2026, mediante la cual se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras la venta de una cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones.
Omitió impulsar medidas correctivas, según Fiscalía
Sin embargo, los investigadores sospechan que dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro punto incluido en la imputación es un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, en el que se advertían posibles irregularidades en la transferencia de cartera. Según la hipótesis fiscal, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin ser elevado formalmente al Directorio de la institución.
Para los fiscales, Insfrán habría omitido impulsar medidas correctivas y comunicar oportunamente al Directorio las observaciones detectadas, mientras la entidad financiera continuaba desarrollando sus operaciones.
La audiencia de este viernes ante el juez Humberto Otazú deberá determinar si Holger Insfrán cumple prisión preventiva o si se le imponen medidas cautelares alternativas.
Tres exmiembros del Directorio del BCP fueron detenidos
En el marco de los procedimientos realizados este viernes, también fueron detenidos tres exintegrantes del Directorio del Banco Central del Paraguay: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.
González, quien no había sido localizado durante el allanamiento de su vivienda, posteriormente se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional y quedó detenido a disposición de las autoridades.
Los tres exdirectivos se suman a la investigación relacionada con las actuaciones y decisiones adoptadas en torno a Ueno Bank.
Insfrán llevaba dos años como superintendente de Bancos
Insfrán Ibarrola fue designado como superintendente de Bancos el 3 de abril de 2024, durante el gobierno de Santiago Peña.
Es economista egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (1998). Además, cuenta con un título de especialista en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2002) y una maestría en Finanzas Internacionales por la Fundación de Estudios Financieros de España (2009).
Contraloría inició auditoría a la Superintendencia de Bancos
La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría a la Superintendencia de Bancos, dependiente del BCP, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
El objetivo es verificar los procedimientos de supervisión y control ejercidos por el órgano regulador sobre las entidades financieras.
La directora de Control Gubernamental de la Contraloría, Gladys Fernández, aclaró que la evaluación está enfocada en la Superintendencia de Bancos y no directamente en las entidades financieras.
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Ueno Bank fue sometido a un proceso de resolución
El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank S.A., luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo legal requerido.
La decisión implicó la suspensión de las operaciones de la entidad financiera y abrió una nueva etapa en la crisis que afecta al conglomerado empresarial vinculado al banco.
En este contexto, fueron detenidos e imputados Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de Ueno Bank y CEO, además de otros directivos y personas vinculadas a las empresas del grupo.
La investigación también alcanza a empresarios y autoridades públicas por presuntas operaciones de colocación de fondos públicos, privados y previsionales en la entidad bancaria, así como por préstamos otorgados a empresas vinculadas que, según la hipótesis fiscal, no tendrían capacidad suficiente de repago.
Santiago Peña y Carlos Carvallo, también procesados
El expresidente de la República Santiago Peña y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, también están imputados en la causa N.º 92.
Peña cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), mientras que Carvallo permanece recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Por otra parte, Miguel Vázquez y otros directivos y vinculados al conglomerado financiero están procesados en la causa N.º 89.
Ambos expedientes forman parte del universo penal del caso Ueno Bank S.A., en el que se investigan las operaciones financieras, la colocación de fondos y los presuntos créditos irregulares a empresas relacionadas con el grupo empresarial.