Este lunes se realizó una reunión en el salón auditorio de la Municipalidad de Eugenio A. Garay, departamento de Guairá. Participaron autoridades locales, representantes de los ciudadanos, integrantes de la Iglesia y representantes del productor José Carlos Casagrande, de origen brasileño.
El encuentro se desarrolló en un ambiente de tensión debido a las posiciones contrapuestas sobre la continuidad de las actividades agrícolas y la aplicación de la ordenanza municipal que prohíbe el monocultivo de soja.
Posteriormente, la comitiva se trasladó a la propiedad de Casagrande, donde los técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron una verificación y constataron la existencia de trabajos preparatorios para el cultivo. Mientras se desarrollaba el procedimiento, pobladores de la comunidad permanecieron en las inmediaciones del inmueble, con cánticos y manifestaciones para exigir que se respete la normativa municipal.
El ingeniero Federico Cohene, técnico del Mades, confirmó que se resolvió abrir un sumario administrativo contra los responsables. Explicó que el procedimiento puede concluir con la aplicación de una multa o con el cese de las actividades, dependiendo de las infracciones que se determinen.
Uno de los principales puntos en discusión es la autorización ambiental que presenta el productor. Según Cohene, Casagrande cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Genérico (PGAG), instrumento previsto para proyectos agrícolas de menor superficie, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, el técnico aclaró que la aprobación de un plan de gestión ambiental también exige que el proyecto se adecue a las disposiciones y al ordenamiento territorial de cada municipio. En ese punto se encuentra el conflicto, debido a que Eugenio A. Garay cuenta con una normativa local que restringe expresamente el cultivo de soja.
Cohene indicó que la asesoría jurídica del Mades deberá analizar la validez y el alcance del permiso ante la existencia de la ordenanza municipal. Mientras se sustancia el procedimiento administrativo, la autorización queda en pausa y el productor no podrá utilizarla hasta que se resuelva el sumario.
El técnico precisó que los intervenidos cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos y toda la documentación que consideren pertinente. Una vez evaluados esos elementos, la institución determinará si corresponde habilitar nuevamente el permiso o revocarlo de manera definitiva.
Intendente asegura que no se plantará soja
Por su parte, el intendente de Eugenio A. Garay, Arsenio Jara (ANR), afirmó que durante la reunión se llegó a un entendimiento con el productor para que no se plante soja en el distrito. Aseguró que Casagrande habría dado su palabra de desistir de esa actividad y sostuvo que la ordenanza municipal vigente será respetada.
El jefe comunal manifestó que acompañará el reclamo de los pobladores y que no permitirá que se incumpla la normativa local. También destacó el respaldo ciudadano y el acompañamiento de representantes de la Iglesia en el conflicto.
La autorización del Mades vale más que la normativa municipal, dice productor
Sin embargo, la versión del intendente fue contradicha por el propio Casagrande, quien negó que exista una decisión definitiva. El productor manifestó que todavía debe analizar la situación con su abogado y su administradora antes de determinar cómo continuará utilizando la propiedad.
Casagrande reconoció que estaba al tanto de la ordenanza municipal y que fue notificado sobre su contenido, pero afirmó que la autorización del Mades tiene mayor jerarquía legal que la disposición local. Afirmó que su postura se basa en la documentación ambiental con la que cuenta y que cualquier controversia deberá resolverse por las vías legales.
Aunque afirmó que, a su criterio, está habilitado para continuar trabajando, pero decidió poner en pausa las tareas de siembra mientras busca conversar nuevamente con el intendente. Además, anunció que presentará los documentos originales ante el Mades y realizará el descargo solicitado durante la intervención.
La ordenanza en el centro del conflicto
La controversia se sustenta en la Ordenanza Municipal Nº 9/2024, que establece restricciones a los cultivos de soja y al uso de determinados agroquímicos dentro del distrito. La normativa contempla la prohibición de actividades vinculadas al monocultivo, así como medidas de control sobre productos químicos y maquinarias utilizadas para su aplicación.
La disposición también estableció un plazo de reconversión para las actividades agrícolas preexistentes al momento de su promulgación y faculta a las autoridades municipales a intervenir ante eventuales incumplimientos. Su aplicación es uno de los principales reclamos de los pobladores, que consideran que la actividad agrícola en la propiedad representa un riesgo para el agua utilizada por la comunidad.
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El caso adquiere mayor relevancia debido a los antecedentes judiciales de Casagrande, quien registra dos condenas de un año y seis meses de prisión cada una, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por dos años, por hechos punibles contra el medio ambiente relacionados con cultivos mecanizados e incumplimiento de medidas de mitigación.
Una de esas condenas corresponde precisamente a actividades agrícolas realizadas en la misma propiedad, ubicada a unos 50 a 70 metros de un pozo artesiano comunitario. La nueva intervención se produjo luego de que vecinos denunciaran la preparación del terreno para retomar el cultivo de soja, situación que también fue constatada anteriormente por la fiscala especializada en delitos ambientales, Jadiyi Ortiz.