2 de junio de 2026

ITAKYRY. Una comitiva fiscal-policial allanó este martes un establecimiento rural en el distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná. El procedimiento se realizó tras una denuncia por la presunta tala y transformación de unas 40 hectáreas de bosque nativo para el uso del suelo con fines agropecuarios.


La Unidad Especializada en Delitos Ambientales de Villarrica abrió varias investigaciones relacionadas con la presencia de sojales en áreas cercanas a arroyos, escuelas y dentro del perímetro de la Reserva del Ybytyruzú. La fiscal Jadiyi Ortiz confirmó constituciones, allanamientos y pedidos de informes al Mades.


El agricultor brasileño José Carlos Casagrande enfrentará un juicio oral a partir del 4 de diciembre por presuntamente incumplir medidas de mitigación de impacto ambiental y explotar unas 11 hectáreas de soja sin contar con la licencia ambiental correspondiente, pese a la vigencia de una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de cultivos en el distrito de Gral. Eugenio A. Garay. La acusación surge tras denuncias de pobladores que se oponen al uso de agroquímicos en la zona.

La Corte Suprema de Justicia solicitará una mesa de diálogo con el fiscal general del Estado para unificar criterios sobre la persecución de delitos ambientales. Es a pedido del ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos Ojeda, quien expuso graves irregularidades detectadas en varias causas.

ITAKYRY. El fiscal Orlando David Quintana imputó al productor brasileño José Bispo Alves que cultivaba soja en un terreno que linda con una escuela, sin contar con una barrera de protección viva. Se trata de José Bispo Alves, quien fue procesado por infracción de la Ley 716, en la que se menciona a “los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental y otros”.