Un negociado de más de G. 60.000 millones con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que no se concretó a pesar de la fuerte presión existente del clan Fretes, hace referencia a unas 5.000 hectáreas supuestamente ubicadas en el distrito de San Rafael del Paraná (Dpto. de Itapúa). Se trata de un terreno que existe en papeles; sin embargo, en la realidad está localizado sobre otras fincas de los distritos de Mayor Otaño e Iruña, que poseen títulos de propiedad con mensura judicial incluida, así como pago de impuestos en los respectivos municipios.
Inicios de la trama
La trama sobre estos títulos de la finca matriz número 1.057 tomó estado público a partir de una venta directa realizada por el quebrado Banco de Inversiones del Paraguay (Bipsa), cuya liquidación estuvo a cargo de la Sindicatura General de Quiebras, dependiente del Poder Judicial y considerada feudo del presidente con permiso de la Corte, Antonio Fretes.
Las publicaciones periodísticas de entonces hablaban, precisamente, que la Sindicatura de Quiebras realizó una llamativa operación en diciembre de 2012. Consistió en la venta directa de las 5.000 hectáreas a Eduardo Elías Hrisuk Klekoc (un dirigente colorado de Encarnación beneficiado con varios contratos con el Estado).
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La transacción tuvo la venia del juez en lo Civil y Comercial Hugo Morán Ovelar.
Lo curioso es que la compra no pudo tener mejores condiciones: 660 dólares por hectárea. De este monto se pagó 60 dólares al contado y el saldo de 600 dólares se fraccionó en 10 cuotas semestrales.
Un detalle interesante es que el vencimiento de la primera cuota era a los 180 días (seis meses) de la posesión efectiva sobre el inmueble por parte del comprador. Es decir, Hrisuk Klekoc pagó 300.000 dólares y luego debía abonar los tres millones de dólares restantes cuando lograba ubicar el inmueble, que de la finca matriz número 1.057 pasó a matricularse como H21/1778 tras la venta realizada por Quiebras.
Se presenta oferta al Indert
Lo llamativo es que el 10 de abril de 2013, antes del vencimiento de la primera cuota y a escasos cuatro meses de la transacción con la Sindicatura de Quiebras, el abogado Gregorio Daniel Acosta Talavera (socio de Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del ministro Fretes), en representación de Eduardo Hrisuk Klekoc, hace llegar una oferta al Indert. Era para la venta de la propiedad con matrícula H21/1778 a G. 30.000.000 la ha.
Según el documento, la propuesta se presentaba considerando que la misma (el terreno) se encuentra ocupada por personas beneficiarias del estatuto agrario. Además, en otro punto menciona el inmueble tiene características como que se encuentra apta para la agricultura contando con mecanización en más del 90% de su extensión (ver facsímil).
Los verdaderos dueños
El 25 de octubre de 2018, Gregorio Daniel Acosta Talavera -quien presentó la oferta al Indert- y Reinaldo Agustín Bazán Barrientos solicitaron un préstamo de G. 1.300 millones. Como garantía de la operación presentaron Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) por un valor total de US$ 220.000. Sin embargo, ninguno de los dos eran los titulares de esos documentos, lo que hizo saltar las alertas en el banco de plaza.
Los CDA tenían como titulares a empresas ligadas al clan Fretes. En concreto, presentaron 8 CDA de US$ 10.000 cada uno que pertenecían a Tebicuary Campos & Hacienda SA, y otros seis por un valor total de US$ 140.000 que pertenecían a la firma Río Salado SA.
Tebicuary y Río Salado son dos de las empresas en las cuales el principal accionista es el hijo del presidente de la Corte, Asdrúbal Fretes Valenzano. Este aparece como multimillonario inversor cuando apenas era un modesto funcionario de la Fiscalía General del Estado.
Acosta Talavera en respuesta a las consultas bancarias dijo que él era el beneficiario real de los CDA presentando un contrato de compraventa, donde aparecía como vendedor y como compradores figuraban Reinaldo Bazán, Claudio Vera Larroza (yerno del exministro de la Corte Víctor Núñez) y Asdrúbal Fretes, respectivamente.
En el contrato de compraventa de los CDA, Acosta Talavera declara haber cedido la totalidad de sus derechos y acciones sobre el pedido de venta de un inmueble al Indert a favor de Fretes, Bazán y Vera.
El precio de la venta de esos derechos, según dejaron por escrito, fue de unos US$ 2.850.000.
Es decir, el clan Fretes figuraba como el propietario real de las tierras que se pretendían vender al Indert.
Un punto llamativo es que luego de esta operación de compra-venta Daniel Acosta Talavera, Asdrúbal Fretes, Reinaldo Bazán y Claudio Vera constituyeron el 13 de febrero de 2019 la empresa Greclas SA, con un capital inicial de G. 5.000 millones.
Rechazo se dio luego de 7 años
El 29 de febrero de 2020, casi 7 años después de presentar la oferta y casi concretar la compra, la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert decidió rechazar el expediente N° 3655/13 caratulado como “DANIEL ACOSTA TALAVERA S/ PRESENTACIÓN de CARTA OFERTA”.
“Se rechazó la Carta Oferta, por no reunir los requisitos legales establecidos”, señala una publicación del ente rural.
Superposición y blanqueo
La finca número 1.057 luego inscripta bajo la matrícula H21/1778, supuestamente ubicada en San Rafael del Paraná, registra un caudal de antecedentes sobre su origen dudoso. Publicaciones de nuestro diario mencionan que el 23 de agosto de 2006, la asesoría jurídica de la Dirección General de los Registros Públicos emitió dictamen en el que transcribe un informe del Servicio Nacional de Catastro (SNC): “La irregularidad que se denuncia es de proporciones incalculables por las sucesivas ventas y el uso de certificados catastrales falsificados”.
El documento tiene fecha 23 de abril de 1999, momento en que el SNC notificó a Registros Públicos, dependiente de la Corte, que el título de la finca 1.057 es falso.
Origen del título
En el año 1997, Alberto Sotomayor se presentó como comprador de la finca 1.025 de Jesús y Trinidad, según escritura pública. El contrato de compra-venta señala que la firma Sipag SA Argentina vende a Sotomayor un “resto de la propiedad que pudiera existir del deslinde original”.
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El documento deja constancia de que Sotomayor debe localizar un “resto de propiedad” y que Sipag SA Argentina no se hace responsable de que realmente existiera un sobrante que pudiera ser entregado en posesión.
Sotomayor compró un pedazo de tierra de cuya existencia no existía confirmación. Al ser un “resto”, tampoco se determinó en el documento la superficie que pudiera tener.
Deudas con Bipsa
El 19 de febrero de 1999 se inscribe un contrato de compraventa: Alberto Sotomayor vende la finca 1.057 a Lucía Ofelia Medina Báez.
En ese momento, dada la realización de una mensura privada, aparece la finca 1.057 con una superficie de cinco mil hectáreas; Sotomayor compró un “resto” y se convirtió en propietario de una finca de gran extensión.
El 20 de octubre de 2000 aparece en escena el Banco de Inversiones del Paraguay SA (Bipsa): Lucía Ofelia Medina Báez transfirió la finca 1.057 a favor del banco en quiebra, en ese momento representado por el liquidador Óscar Bernardo Guillén.
Lucía Ofelia Medina Báez no tenía deudas con Bipsa, pero acepta entregar cinco mil hectáreas para blanquear la deuda que mantenían 23 ciudadanos con el banco en quiebra.