Según los datos publicados por CDIA Paraguay, a causa de los 255 casos de feminicidios, 331 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad, según se registraron en Paraguay entre 2017 y 2022.
“Las autoridades nacionales y locales son responsables de estas situaciones, al no cumplir con la Ley 5777/16 de protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, denuncia la coordinadora.
Agrega que el presupuesto del Ministerio de la Mujer para el año 2023 tendrá una reducción del 6,6% en relación al presupuesto del año 2022, pasando de G 20,1 mil millones, a G 18,8 mil millones. “Si comparamos con el 2018, año de mayor inversión en los últimos 5 años, se observa una disminución de 42,1% a lo largo de los 5 años del actual gobierno”, indican.
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El 2021 cerró con 35 casos de feminicidios que dejaron a 61 NNA huérfanos de madre. La violencia familiar fue el hecho punible más denunciado con un promedio de 80 víctimas por día. Así también, de enero a octubre de 2022, se constataron 32 feminicidios y un total de 42 NNA huérfanos de madres, según los datos que maneja la Coordinadora.
El Programa de prevención de violencia hacia las mujeres y trata de personas sufrirá una reducción del 81,4% de su presupuesto en relación al 2022, pasando de G 59 millones a G 11 millones, asegura.
Denuncian que Gobierno no brinda garantías a víctimas de violencia
“Estos datos dan cuenta de la baja prioridad que representan las mujeres, adolescentes y niñas para el Gobierno Nacional, aún cuando los casos de violencia intrafamiliar y de feminicidio mantienen un porcentaje similar año tras año”, señala la organización.
Acusan al actual gobierno, que dice ser provida y pro familia, de dejar sin presupuesto al ministerio de la mujer, poniendo en el cargo a personas que no tienen el conocimiento ni la preparación adecuada para brindar un sistema de protección que permita que las mujeres tengan la confianza y la seguridad de hacer las denuncias en las instancias correspondientes.
Agregan que los gobiernos locales, que están obligados por la ley 5777, no han instalado dispositivos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y las gobernaciones siguen sin instalar albergues transitorios para la protección de las mujeres y sus hijos.
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“Los equipos de trabajo de las instituciones, que tienen la capacidad y el compromiso, realizan sus servicios sin apoyo político ni presupuesto. Las personas que atienden a víctimas de violencia, necesitan tener un acompañamiento terapéutico, una línea de cuidado a quienes cuidan, para poder sobre llevar tanto dolor y sufrimiento de las víctimas que deben atender a diario”, denunció Anibal Cabrera, director ejecutivo de CDIA Paraguay.