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Tanto los concejales acusadores como los intendentes de Valenzuela y Puerto Casado, cuyas administraciones se piden sean intervenidas, comparecieron ayer ante las comisiones especiales que deben dictaminar sobre los méritos o no para aprobar el pedido de intervención, que debe ser definido por el pleno de la Cámara de Diputados.
En el caso del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, HC), imputado por presunta “lesión de confianza” y “administración en provecho propio”, ocho de los doce concejales municipales ratificaron las denuncias por presunta corrupción contra el jefe comunal.
El detonante de esta imputación constituye el primer punto del pedido de intervención y es por la compra de una camioneta 0 km, registrada a nombre del intendente, pero pagada en parte con fondos de la comuna, según Fiscalía.
El presidente de la Comisión, Avelino Dávalos (ANR, HC) atacó bastante este punto, exigiendo a los ediles documentos probatorios, ante lo cual intervino la diputada Rocío Vallejo (PPQ), que le recordó que al no ser parte del proceso y como civiles no pueden acceder a registros de automotores, o los cheques, pero que todo ello está consignado en las imputación.
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Los concejales refieren que la Fiscalía constató que la entrega inicial para adquirir la camioneta (G. 50 millones) se pagó con cheques de la comuna.
Adorno, por su parte, alega que este monto, lo utilizó en concepto de “adelanto de su salario” y entregó documentaciones varias a la comisión.
Documentos probarían delito de estafa
Los concejales también aportaron documentos que supuestamente probarían el delito de “estafa”, tales como cheques sin fondos entregados a empresas proveedoras que ya iniciaron acciones en lo civil contra Adorno.
Finalmente, la diputada Vallejo también apuntó que habría indicios de presunta producción de documentos no auténticos, lavado de dinero y otros, al presentarse supuestos documentos de recepción de obras de reparación de escuelas y de provisión de merienda escolar, que no fueron entregados.
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También acudieron ayer expusieron ante la comisión del caso Valenzuela, los concejales denunciantes y la intendenta, Mirtha Fernández (PLRA, llano-dionisista) acusada y a espera de juicio político por “asociación criminal” y “lesión de confianza”, por presuntamente desviar fondos por G. 1.199 millones de la comuna.
Sin embargo, el pedido de intervención se sustenta principalmente en 6 supuestas obras fantasmas. Según explicó el presidente de la Comisión, diputado Federico “Freddy” Franco (PLRA, PL), ambas partes presentaron documentaciones pero la próxima semana irán a verificar presencialmente las obras antes de emitir dictamen.