Sigue impune corrupción en merienda escolar que detectó la Contraloría

La corrupción descomunal que detectó la Contraloría General de la República en la merienda escolar sigue impune. El contralor Camilo Benítez entregó al Senado un informe, que hasta el momento “duerme” en algún cajón. Como apunta a varios intendentes, podría ser motivo de perdón, como ocurrió en Diputados.

El contralor Camilo Benítez (3º de la izq.) detalla el informe a la mesa directiva del Senado.
El contralor Camilo Benítez (3º de la izq.) detalla el informe a la mesa directiva del Senado.gentileza

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En el informe de la Contraloría se detalla una descomunal corrupción en municipios y gobernaciones bajo la figura de reporte de supuesto hecho punible. El documento fue entregado a la mesa directiva del Senado y hasta el momento el titular del Congreso, Silvio Ovelar (ANR, cartista), aún no puso a consideración de sus colegas.

El lapidario documento se refiere no solo a la delicada situación del Instituto de Previsión Social, sino también a la provisión de almuerzos y meriendas escolares en municipios y gobernaciones. El contralor Benítez dijo que constataron que, en promedio, de un total de 180 días de clases, los chicos solo reciben comida por 30 días en total. Además, encontraron que con el mayor monto total adjudicado, por el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Asunción (cuyo intendente es el cartista Nenecho Rodríguez), para la provisión del servicio de alimentación escolar de G. 1.654.119.797.093, se benefició a 852.270 estudiantes. Pero con menor monto total adjudicado de G. 384.904.726.495, en Alto Paraná se benefició a 2.236.764 estudiantes.

Se detectaron casos graves relacionados al almuerzo escolar en Ypacaraí, cuyo intendente es Fernando Negrete (PLRA) desde el 2015 y reelecto en 2021; en Corpus Christi, a cargo de Carlos Vicente Riveros (ANR); Caapucú, Gustavo Penayo (ANR), asumió en octubre de 2021 y su predecesor fue Carlos Romero Sellitti (PLRA); Minga Guazú, Diego Ríos Llano (independiente) asumió en octubre de 2021 y Digno Caballero (ANR). En Santa Rosa del Aguaray, Silvia Trubger (ANR) asumió en octubre de 2021 y antes estuvo Esteban González (ANR).

Diputados perdonaron a tres intendentes

Los informes que revelan supuestos hechos de corrupción en intendencias y gobernaciones terminan en la nada en el Congreso, generalmente porque la mayoría de los legisladores se inclinan a defender a sus correligionarios antes que el dinero de los contribuyentes.

La semana pasada, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en un abierto contubernio, una mayoría “azulgrana” rechazó la intervención a las gestiones de los intendentes Mirtha Fernández (PLRA), de Valenzuela; Hilario Adorno (ANR, HC), de Puerto Casado, y Tomás Olmedo (ANR, FR), de Ñemby.

El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) ya adelantó ante el pleno, incluso antes que se inicie siquiera el debate caso por caso y sin analizar la gravedad de las denuncias, que iban a rechazar todos los pedidos de intervención. “Acá hay una decisión política, sin hacer juicio de valores, puede ser ladrón, lo que quiera... la decisión es política y por mayoría se logran los objetivos”, justificó el legislador oficialista.

En los tres casos analizados, hubo poco más de una decena de diputados que sí votó con base en los argumentos seriamente expuestos, el resto (colorados, liberales y algunos satélites) se prestó a rechazar la intervención de los tres jefes comunales.

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