Varias propuestas “trampa” podrían blindar antes que eliminar el nepotismo

Actualmente están pendientes de estudio en el Congreso al menos cuatro proyectos relacionados al nepotismo, no precisamente todos ellos en contra, puesto que varios dejan varias “lagunas” para posible blanqueo. Sobre todo las iniciativas de Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y Líder Amarilla (PLRA) son las que más embarran.

Hijos de parlamentarios fueron “premiados” con contrataciones y nombramientos en el Congreso y otras instituciones públicas.
Hijos de parlamentarios fueron “premiados” con contrataciones y nombramientos en el Congreso y otras instituciones públicas.ABC Color

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A raíz de los escándalos de nepotismo que estallaron principalmente en el Congreso, en el últimos mes se presentaron cuatro proyectos, tres de ellos para reformar la actual Ley Nº 5295 que prohíbe el nepotismo en la Función Pública y una (la del senador Líder Amarilla), también relacionada al nepotismo, pero que plantea modificaciones el proyecto de ley que “establece la carrera del funcionario legislativo” y, por ende, afecta solo a casos en el Congreso.

El primero en presentar su propuesta fue el senador y líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez, que inicialmente planteó modificar los artículos 1º (definición) y 3º (sanción) de la Ley Nº 5295, aunque recientemente, embarulló más planteando incluir entre los afectados por esta ley a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que reciban fondos estatales, en vez de buscar corregir las críticas fundadas contra su proyecto.

Núñez se muestra reacio a analizar otras propuestas (tales como la iniciativa popular “Chau Nepotismo), lo que genera sospechas, ya que sobre todo la definición que pretende dar en la ley al nepotismo, podría de vuelta dejar abierta una ventana a la impunidad. Esto puesto que se establece que la autoridad que haya nombrado a un familiar, será castigada siempre que “ejerzan injerencia directa”, algo que documentalmente es casi imposible de probar.

Este proyecto de “Bachi” es el que figura para su tratamiento en la sesión extraordinaria del Senado fijada para el próximo jueves 15, aunque tiene varios pedidos de aplazamiento a fin de analizarlo en conjunto con las otras propuestas.

Otra iniciativa muy cuestionada es la del senador Líder Amarilla (PLRA), que ubicó a su hermana Neyde Amarilla como su “asesora y jefa de despacho” en Cámara Alta, que no solo no toca la actual ley de nepotismo, sino que incluso busca bastardear un proyecto en gestación como es el que “establece la carrera del funcionario legislativo”.

Dicho proyecto fue presentado por senadores opositores como medida para evitar que siga la repartija de cargos en el Congreso, no solo para familiares, sino también para operadores políticos, estableciendo sistemas de ingreso y ascenso por méritos, lo cual Amarilla busca ya de entrada dinamitar.

Puntualmente Amarilla propone eliminar el artículo 5º, que castiga el conflicto de intereses en la designación de parientes y allegado. “No podrán ser nombradas ni contratadas las personas que estén ligadas por matrimonio, unión de hecho, parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, con un legislador, funcionario o personal del Poder Legislativo”, dice el articulo que pretende testar antes incluso de su aprobación.

Amarilla sugiere que solo se prohíba la contratación o nombramientos de “asesores” sin experiencia para el cargo, como ser por ejemplo el caso del hijo de 19 años y “asesor” de la diputada Roya Torres, Elías Martín Godoy Torres.

Dos propuestas sobre nepotismo en Diputados

En Cámara Baja hay al menos dos propuestas, puntualmente del diputado Rubén Rubín (Partido Político Hagamos) y Hugo Meza (ANR, Bancada B - oficialista), que con diferentes redacciones, intentan al menos dejar menos lagunas que las iniciativas anteriormente citadas. Ambos proyecto serían unificados cuando eventualmente se trate el tema en Cámara Baja.

En el caso del proyecto de Rubín, se define el nepotismo, punto crucial para lograr el castigo, “cuando una persona, “utiliza sus atribuciones, facultades o influencias para nombrar o contratar en cargos públicos” a familiares. De vuelta, con esta redacción se podría discutir el cómo probar legalmente el uso de influencias, algo que en el caso de los legisladores, también sería pasible de pérdida de investidura.

La propuesta del diputado Meza por su parte plantea que se entenderá por nepotismo, cuando una persona, utilizando o valiéndose del cargo que ocupa dentro de la administración pública, propone, autoriza o acepta el nombramiento o contratación en cargos públicos” de un familiar.

Con esto, se estaría evitando la “trampa” que actualmente se aprovecha, que es que los legisladores que nombraron a sus parientes en puestos cercanos a ellos, aleguen que el responsable del acto administrativo es el presidente de la Cámara respectiva, y que al no ser el ordenador de gastos el que tiene el vínculo familiar, supuestamente no se consuma el delito.

“Chau nepotismo”

Finalmente, la propuesta de ley presentada mediante la figura constitucional de la “Iniciativa Popular”, que fue denominada “Chau Nepotismo”, ya superó la meta mínima y lleva acumuladas ya más de 58.000 firmas ciudadanas digitales, por lo que deberá ser puesta a consideración del Congreso para su análisis.

Este proyecto también tiene una definición más abarcativa, y por ende, un alcance mayor para castigar el nepotismo, prohibiendo no solo esta práctica en la misma institución donde la autoridad es miembro, sino también en otras instituciones estatales, evitando privilegios mediante el comisionamiento.

Una de las principales particularidades de este proyecto es que obliga a las autoridades de todos los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a declarar ante Contraloría todos sus familiares más directos que ocupan cargos en el Estado, castigado la omisión u ocultamiento como delito de “declaración falsa”, con pena de cárcel de hasta 5 años.

Además, es el único proyecto que establece penas carcelarias para los que incurran en casos de nepotismo, siendo la pena mayor la establecida para los reincidentes, que consiste en 10 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

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