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El abogado Jorge Rolón Luna, quien defiende a tres funcionarios de la Seprelad imputados por “revelación de secretos y asociación criminal”, junto con el grupo de integrantes del gobierno anterior imputados por la Fiscalía, contó que sus defendidos están siendo víctimas de coacción.
Los trabajadores reciben presiones para convertirse en testigos y decir “lo que el poder quiere que digan”. Si no lo hacen, les amenazan con que tendrán consecuencias como no ascender laboralmente, no percibir beneficios económicos que reciben los demás y, en definitiva, perjudicar sus carreras profesionales.
Incluso una de las defendidas, Carmen Pereira, fue víctima de doble vulnerabilidad, contó el abogado, pues estando embarazada la trasladaron de lugar de trabajo. “Este caso particular constituye una grave violación de sus derechos humanos”, indicó el jurista.
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“Persecución a enemigos políticos de Cartes”
Rolón Luna advirtió que estamos ante un poder “cada vez más amplio”, que ha llegado ya a capturar ámbitos del Ministerio Público.
A la vez, pidió no olvidar que estamos en la mira de organismos internacionales de otros gobiernos y que lo que está ocurriendo es muy concluyente con respecto a un autoritarismo que se está dando en Paraguay.
Criticó que exista persecución a enemigos políticos de Horacio Cartes, siendo que este ni siquiera es el presidente, y señaló que es lamentable que el verdadero mandatario, Santiago Peña, tenga un papel secundario e “irrelevancia política”.
Para el abogado, es evidente que la Fiscalía se ha venido mostrando “complaciente con los intereses de Cartes para no investigarlo a él o a sus allegados”.
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“Llamativa energía” para otras investigaciones
En el mismo sentido, al abogado le llama la atención la “energía llamativa” que tiene el Ministerio Público para investigar e imputar a otras personas.
Sostuvo que el caso del expresidente y su gabinete imputados se sitúa en el ámbito de la libertad de expresión y no en un hecho de corrupción pública.
Habló de que existe una “política criminal no escrita”, que usa el Ministerio Público, y advirtió que las amenazas para acallar voces irán más lejos.
“Es difícil pensar que están dadas las condiciones para que el sistema de justicia sea un ecosistema independiente, porque si hacen lo contrario a lo que ellos quieren todo el peso de esas instituciones cae sobre esa personas”, analizó Rolón Luna.
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“Esta es solo la primera avanzada”
Para el profesional del derecho, esta es tan solo “la primera avanzada” del cartismo, y vaticinó que vendrán más imputaciones.
“Cuando el Estado se concentra en quienes filtraron pero no en quienes generaron esa información objeto de supuesta protección, y con la cual se habrían cometido delitos, es evidente que el Estado prefiere acallar a la gente que investigar irregularidades”, finalizó.
Recordemos que esta mañana un equipo de al menos siete abogados se presentó en la Fiscalía para asumir la defensa del expresidente Mario Abdo Benítez y los exmiembros de su gabinete que fueron imputados por información tergiversada y filtración.
Imputación sorprendió el lunes
Esta movida judicial empezó el lunes cuando salió a luz pública una imputación fiscal contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, el extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
El Ministerio Público los imputó luego de una denuncia presentada en 2023 por el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.
Todas las figuras penales imputadas
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti es por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (Art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.
Los abogados defensores de los imputados cuestionan que el acta de imputación parezca más bien “un relato” de la denuncia del abogado de Cartes, Pedro Ovelar, y que hay una llamativa reiteración de que se perjudicó el honor del primero.