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Una contradicción tras otra arroja una simple lectura del acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti contra Mario Abdo Benítez, el extitular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui; el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio; el extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández; el actual diputado colorado Mauricio Espínola (exsecretario privado de Abdo Benítez) y exfuncionarios de Seprelad Carmen Pereira Bogado, Francisco Pereira Cohene y Guillermo Preda Galeano, además del exasesor de Ministerio del Interior, Daniel Farías Kronawetter.
El proceso penal –que se inicia a partir de una denuncia y dos ampliaciones presentadas por el exfiscal y abogado Pedro Ovelar, en representación del expresidente Horacio Cartes– es por presunta revelación de secretos de servicio, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal. Lo llamativo es que también en el relato del Ministerio Público, gran parte de estos supuestos hechos no aparecen fundamentados.
Un hecho curioso es que en la imputación solo terminan por confirmar datos como el pedido de informes sobre el actual titular de la Junta de Gobierno de la ANR por parte de la Fiscalía de Panamá, además de las millonarias transferencias de empresas del Grupo Cartes al actual presidente de la República, Santiago Peña, y el imputado y exmandamás de la Seprelad, Óscar Boidanich. Esto pese a que el relato de los fiscales hace menciones en diferentes partes sobre el uso de “información tergiversada y falsa”.
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Imputación a Mario Abdo: solo confirmación
Algunas de las contradicciones detectadas en la imputación hacen referencia a los supuestos hechos punibles atribuidos a Carlos Arregui, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira, todos parte de Seprelad. En forma reiterativa los fiscales atribuyen a los citados exfuncionarios la elaboración de un informe de inteligencia remitido al Ministerio Público, el 20 de mayo de 2022. Se los incrimina por la presunta DENUNCIA FALSA, pero no aparece la fundamentación.
Cantero y Grisetti señalan como primera parte de todos los relatos sobre las citadas personas –entonces parte de la institución antilavado– que habrían redactado el reporte financiero introduciendo “información tergiversada y falsa”. Esos datos hacen referencia a las transferencias millonarias de las empresas del Grupo Cartes al actual presidente Santiago Peña y al exjefe de Seprelad durante el gobierno de Cartes, Óscar Boidanich, imputado por presunta frustración de la persecución (caso Messer), ejecución penal y lavado de dinero.
Lo cierto es que los mismos fiscales en otra parte del escrito no desacreditan la información y solo cuestionan el hecho de que supuestamente haya sido filtrado al expresidente Mario Abdo Benítez y “medios de comunicación”.
Otro punto bastante llamativo en la imputación es con relación a un supuesto borrador de informe cuyos datos tampoco son desmontados. En principio, los fiscales dicen que ese documento elaborado por el exministro anticorrupción René Fernández y el exasesor del Ministerio del Interior Daniel Farías “SIRVIÓ de base” para la elaboración del Informe de inteligencia sobre el expresidente y la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa).
Lo contradictorio es que en párrafos siguientes, Cantero y Grisetti ya solo se limitan a hablar de “múltiples coincidencias”, entre uno y otro informe.
¿Cuál es al final?
Quizás la situación más paradójica de toda la imputación está en el hecho de que los mismos fiscales no pudieron precisar de dónde exactamente salieron los supuestos datos publicados por los medios de comunicación. El relato del Ministerio Público reitera en varios párrafos que el supuesto borrador elaborado por René Fernández y Daniel Farías habría servido de base para la elaboración del informe de inteligencia sobre Cartes y es el que supuestamente se “compartió” con la prensa. Sin embargo, en otro párrafo del relato fiscal, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti hacen mención a una publicación del diario Ultima Hora diciendo que era en base a datos que SOLO CONSTABAN en el informe supuestamente hecho por René Fernández y Daniel Farías y no citan el informe de inteligencia (ver infografía).
Madre del fiscal Grisetti era asesora de Cartes
Ramona Elva Valiente de Grisetti, madre del fiscal Giovanni Michele Grisetti, uno de los dos fiscales que firmó la imputación contra autoridades del anterior Gobierno de Mario Abdo Benítez, entre ellos la del mismo expresidente de la República, estuvo muy ligada al Partido Colorado y en especial al cartismo.
En el año 2014 era asesora de la presidencia de la República, que tenía como jefe en ese entonces a Horacio Manuel Cartes Jara (2013/2018).
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De acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, en febrero de 2015, época en que Cartes era mandatario, la madre del fiscal fue designada como viceministra adjunta y beneficiada con jugosos viáticos para ir al interior del país y al exterior, por lo que se observa en los desembolsos, pero no se detallan los destinos a los otros países. Ocupaba el cargo de “viceministra asesora adjunta en reducción de la pobreza” en la administración Cartes.
También se observa en el portal oficial de la Asociación Nacional Republicana que Elva Valiente era parte de la Mesa Directiva de la Comisión Central de Mujeres Coloradas, que tenía como presidenta en ese entonces a Lilian Samaniego. Elva Valiente de Grisetti tenía la designación de ser parte de la Secretaría Política Nº 2.
Según el Sistema de Información Legislativa (Silpy), en su carrera política también está que fue senadora suplente en el periodo 1998-2003 y que juró como senadora activa el 2 de noviembre de 1999. Apoyó activamente en la pugna para que el entonces senador Juan Carlos Galaverna (ANR) sea presidente de la Cámara Alta.
El padre del fiscal Grisetti, de nombre Menandro Darío Grisetti Oviedo, fue funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la sede de Ayolas, Misiones, según pudimos averiguar.
También aparece que el fiscal tiene a una hermana de nombre Claudia Fiorella Grisetti Valiente y a su hermano Menandro Ramón Grisetti como funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Preocupados por el “desprestigio” del titular de la ANR y empresas ligadas
Una cuestión extraordinariamente llamativa en el acta de imputación es que los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti reiteran en forma insistente es que la presentación del informe de inteligencia por parte de Carlos Arregui, en calidad de denuncia contra el expresidente Horacio Manuel Cartes Jara ante el Ministerio Público, “habría ocasionado un gran desprestigio al expresidente de la República y a las empresas vinculadas al mismo”. Lo curioso es que la remisión de Arregui del reporte financiero se habría hecho en cumplimiento de su función como titular de la cartera antilavado y por pedido del entonces fiscal y ahora juez especializado en lucha contra el Crimen Organizado, Osmar Legal.
En el relato, además, de la palabra desprestigio figuran varias veces frases como “desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes”.
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Sobre este punto, una situación muy singular es que en uno de los párrafos del relato firmado por los fiscales Cantero y Grisetti incluso se agrega que “el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes, puesto que en ese momento ambos (refiriéndose a Mario Abdo Benítez) se encontraban disputando el cargo de presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR)” (sic).
Por otro lado, la imputación señala más de 40 veces a la prensa. Se hace a través de medios de prensa (16 veces), medios de comunicación (12 veces) y medios periodísticos (13 veces), de acuerdo a la documentación.
En forma específica se cita a ABC Color 25 veces y al diario Ultima Hora 14 veces.
Lo delicado es que en el organigrama del esquema supuestamente delictivo y elaborado por los representantes del Ministerio Público se pone como uno de sus integrantes a “LA PRENSA”.
El acta de imputación de 60 páginas, asimismo, menciona que tomaron declaración testifical de tres funcionarios de Seprelad; Derlis Ruiz, Inés Yambay Zárate y Rocío Peña. Además, del comisario Luis López y el excomandante de la Policía Nacional, Luis Ignacio Arias.