En Senado aplazan ley para devolver pagarés a los deudores

Bancada cartista. Gustavo Machado

El Senado postergó ayer el estudio del proyecto de ley que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor y que fija un régimen de sanciones a los infractores. Esta es otra medida que busca combatir la “mafia de los pagarés” que salpica hasta a ministros de la Corte. A pedido de la bancada cartista, el expediente se tratará en una semana. La iniciativa fue del senador Derlis Osorio.

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La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), resolvió ayer en su sesión extraordinaria postergar una semana el proyecto sobre pagarés.

El pedido de aplazamiento fue solicitado por el líder de la bancada cartista Natalicio Chase (ANR, HC) supuestamente para hacer “ajustes” al texto.

La propuesta “establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”, presentado por el senador Derlis Osorio (ANR, aliado cartista).

La iniciativa tiene dictámenes por el rechazo de las comisiones de Legislación y de Derechos Humanos, pero tiene un dictamen a favor para su aprobación con modificaciones desde la comisión especial que investiga el esquema criminal de la “Mafia de los Pagarés”.

Zenaida Delgado se cubre la boca con un abanico para hablar con el procesado Erico Galeano mientras "Chaqueñito" queda fuera de la conversación.

Mafia de pagarés: esquema sigue

Esta postergación se da en la misma semana en que se reveló que la cuestionada cobradora de deudas del Banco Nacional de Fomento (BNF), Walton Pagos -cuyos propietarios son primos del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC)- seguirá vinculada a la entidad bancaria por otros seis meses más.

Días atrás, también se sancionó en la Cámara de Diputados la ley “que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes”.

A esto se suma que el sábado último, en el novenario de la Virgen de Caacupé, el obispo emérito de Misiones y Ñeembucú, monseñor Mario Melanio Medina, cuestionara al Estado por permitir la estafa legalizada de los pagarés.

Este fue un esquema criminal en el que se fraguaron notificaciones de demandas por el cobro de pagarés vencidos para aplicar el embargo del salario de las víctimas en su mayoría docentes, enfermeras, militares y policías (jubilados y activos).

Fueron imputadas 63 personas, entre jueces, ujieres y abogados. La Corte rechazó anular los embargos.

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