Algunos referentes de la oposición encabezados por el senador liberal Éver Villalba anunciaron la presentación de una denuncia penal por presunto direccionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de la licitación para alquiler de máquinas de votación, adjudicada al Consorcio Comitia- MSA (Magic Software Argentina), presuntamente ligada a exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.
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El senador afirmó ayer que aún no tiene fecha definida para la presentación de la denuncia, pero que estima “sería en los primeros días de enero” próximo.
Villalba ha encabezado esta lucha contra el uso de máquinas de votación (al menos como sistema único), llegando incluso a exponer posibles mecanismos de vulneración y alteración de los resultados que estas emiten, es decir, serían pasibles de fraude electoral.
Ahora el legislador le suma las sospechas de direccionamiento a favor de un consorcio, cuyos miembros estarían ligados al Grupo Vázquez, “mimado” de este gobierno y que fue –hasta abril de este año– socio comercial de Peña, cuando este se vio forzado a desprenderse de sus acciones en Ueno Holding.
De hecho, las sospechas ya se arrastran desde el primer llamado a licitación a inicios de año, cuando el TSJE defendía férreamente la intención de comprar las máquinas de votación y dejar de arrendarlas, alegando que esto último era más costoso.
El otro argumento es que, al ser máquinas propias, el TSJE tendría pleno control sobre el desarrollo y uso de las máquinas, lo que contribuiría a la transparencia.
Llamativamente, tras quedar descalificadas las empresas con sospechas de vínculo con Peña, este interés por la compra cambió y volvieron a decantarse por el alquiler, lo que implicaba reiniciar el proceso y dar una segunda chance a las empresas descalificadas.
“Las ofertas de las empresas Consorcio Comitia - MSA y Miru Systems Co. Ltd fueron rechazadas por incumplimientos documentales y técnicos en las pruebas de funcionalidad exigidas”, había comunicado el TSJE el 30 de junio de este año sobre la empresa que ahora es la adjudicada con el alquiler de máquinas.
Este cambio de parecer es lo que más desprende un fuerte tufo a direccionamiento, sumado a los nombres de representantes legales de Comitia, también ligados al Grupo Vázquez.
Puntualmente, el caso de Pablo Debuchy, asesor del Grupo Vázquez, y también Franco Boccia, presidente Ueno Seguros SA, que a su vez principalmente son parte del Estudio Jurídico Gross Brown, de Eduardo Gross Brown Costa, director suplente y accionista de Ueno Bank.
Falta de consenso en la oposición
Si bien Villalba ha llevado el debate de rechazar el uso de las máquinas de votación al seno del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y lo amplió a otros partidos de la oposición, aún no logró un consenso total.
La postura aprobada por el PLRA es rechazar el uso de máquinas de votación como sistema único, y plantea una especie de sistema mixto o híbrido, que consistiría en utilizar papeletas tradicionales para cargos unipersonales (Presidencia, Gobernador e intendente) y mantener las máquinas para las lista plurinominales (Senadores, Diputados, Juntas departamentales y municipales).
Tras un encuentro de partidos opositores sobre el tema el pasado lunes, Jorge Dos Santos, del Partido Cruzada Nacional, planteó que “antes de cualquier pacto político-electoral, primero todos los partidos de la oposición deben repudiar y rechazar el uso de las urnas electrónicas e instalar un mecanismo transparente de elecciones para que sea respetado”.
Sin embargo, otros, como la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), habían defendido el uso de las máquinas de votación, mientras que la diputada y precandidata a intendenta de Asunción, Johanna Ortega (Partido País Solidario) dice querer seguir analizando mejor la situación.