“El patrimonio efectivo (de una entidad financiera) es, aunque no esté en un procedimiento escrito, parte natural del análisis de riesgo que hace la Dirección de Inversiones del IPS (Instituto de Previsión Social)”, afirmó Carlos Pereira, miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) en representación del Ministerio de Trabajo. Fue durante una entrevista en ABC TV en la cual intentó defender las modificaciones y flexibilizaciones introducidas en el manual de inversiones de la previsional apenas asumió el gobierno de Santiago Peña.
A partir de los cambios, el mayor beneficiado con la captación de recursos del seguro social ha sido el banco Ueno, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez Sae (Federico Miguel Vázquez), exsocio comercial del actual mandatario.
“Para las personas que creen que nosotros sacamos algo para beneficiar a alguien, se sigue manteniendo (el análisis del patrimonio efectivo)”, afirmó Pereira luego de señalar previamente que las modificaciones se hicieron en adecuación a la ley que creaba la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Lo llamativo es que dicha normativa fue promulgada el 14 de diciembre de 2023. Sin embargo, el IPS comenzó a modificar su reglamento de inversiones el 9 de noviembre de 2023; es decir, más de un mes antes y apenas asumió Peña.
Una de las primeras modificaciones de la previsional era bajar el puntaje mínimo para las entidades financieras interesadas en recibir plata del fondo de jubilaciones en la modalidad Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).
Casualmente, para entonces el exsocio de Peña estaba en pleno trámite para transformar su financiera Ueno en banco. A esto se suma que para aquel tiempo su captación de fondos del IPS era ínfima.
A partir de la reducción en el puntaje de 65 a 60, coincidentemente hizo que esa entidad comience a aumentar sus beneficios.
Al respecto, Pereira ensayó la excusa de que en 2016 también se registró una baja en el puntaje mínimo de 75 a 65. “Entonces también ahí podría pensarse (que era) para beneficiar a alguien”, dijo sobre esa modificación durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).
El otro cambio del manual ocurrió el 12 de noviembre de 2024. En esa ocasión sí aparece el argumento de la nueva ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Sin embargo, las modificaciones se hicieron a base de un artículo transitorio, cuya vigencia terminó el 14 de diciembre último. Más sugestivo es que el Art. 11 de esa misma ley establece en un apartado que “los límites pueden, además, incluir parámetros relacionados con el patrimonio o el pasivo del emisor...”.
En otras palabras, el reglamento del IPS ya tenía los parámetros bien definidos, como el límite sobre el patrimonio efectivo y calificación de riesgo, y solo debían ser presentados en un plan de adecuación, según el Art. 25 de la Ley de Jubilaciones.
Los ítems del IPS eran el resultado de la experiencia de los años, más luego de la crisis bancaria de la década del 90 y en la cual la previsional fue una de las más afectadas.
Antes de esta modificación, el IPS tenía al patrimonio efectivo como el límite para la colocación de sus fondos. El patrimonio efectivo se refiere al valor total de los activos de una entidad financiera menos sus pasivos, es decir, su patrimonio neto. Es decir, es lo que le quedaría al banco o financiera si liquidara todos sus activos y pagara todas sus deudas.
Sobre este punto, Pereira finalmente adelantó que pedirá la inclusión del “término” de patrimonio efectivo en el manual de la previsional, aunque –según reiteró él– “ya está luego en el ‘checklist’ (lista de control)” de la Dirección de Inversiones.
Legislador colorado exige transparencia
El diputado colorado Mauricio Espínola respondió al consejero del IPS, Carlos Pereira, a través de sus redes sociales. Posteó diez puntos bajo el título: “IPS, gobernanza, riesgo sistémico y la falsa ‘tranquilidad’”.
Espínola dijo que la calma institucional no puede reemplazar la obligación de explicar y justificar las decisiones. “Cuando un consejero del IPS pide ‘tranquilidad’, lo que realmente está diciendo es que no quiere rendir cuentas”, resaltó.
Señaló que la confianza no se decreta, sino que se construye con datos, reglas claras y una gobernanza sólida. Recordó que el IPS como previsional está sujeta al principio de legalidad. Esto, según indicó, implica que solo puede actuar conforme a normas escritas, previas y expresas.
En ese marco, cuestionó que se admita que “no todo está escrito”, porque eso desplaza la ley y coloca el peso de las decisiones en la voluntad del administrador, lo que considera una falla grave de gobernanza. “El punto central sigue sin respuesta: ¿Por qué el IPS concentra inversiones en un banco vinculado a los exsocios del Presidente? En cualquier país serio, esto activa recusaciones, auditorías y revisión independiente. Aquí, se pide ‘tranquilidad’”, cuestionó.