Desde mediados del año pasado, Diputados viene “pateando” para adelante el tratamiento de los pedidos de intervención contra cuestionados intendentes: Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), jefe comunal de la ciudad de Tomás Romero Pereira (Itapúa) y padre del acusado senador cartista Hernán David Rivas; de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-HC); de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR-HC); de Emboscada, Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú (Concepción), Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel (Alianza).
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Estos siete pedidos fueron incluidos en el punto 19 del orden del día de la sesión ordinaria de este martes 10, pero como crónica de una muerte anunciada, está previsto que finalmente se remitan todos al archivo. Pero no por falta de méritos, sino de tiempo, algo provocado adrede por una mayoría precisamente buscando impunidad.
Entre los que serán beneficiados con la “ley del oparei” se destaca el padre del senador Rivas, Hernán Ysidro, quien no solo goza de la inacción de la Fiscalía, pese a tener varias denuncias penales, sino que hasta podrá darse el lujo de buscar la reelección.
“Hoy presento con orgullo a las dos listas de concejales que me acompañan como precandidato a intendente”, había escrito el pasado 1 de marzo el actual intendente Rivas, anunciado su precandidatura para otro periodo de cinco años, pese a las graves denuncias no aclaradas contra su gestión.
Se lanza con el eslogan de campaña: “Sigamos construyendo juntos”.
Entre las denuncias que pesan contra su gestión se destaca el supuesto desvío de unos G. 2.000 millones de la comuna, haciendo figurar pagos a una empresa, por obras presuntamente realizadas con maquinaria y personal de la comuna y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Es decir, literalmente obras que se construyeron con recursos públicos pero presuntamente pagados a una empresa aparentemente “de fachada”. Esto motivó una investigación fiscal que hasta ahora no concluyó.
A Rivas hay que sumarle que la Cámara Baja ya lo había salvado en 2023 de un primer pedido de intervención, caso idéntico a otros cuestionados jefes comunales como el caso del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR, Fuerza Republicana).
Olmedo fue sobreseído provisionalmente por un caso de presunto desvío de fondos por el monto de G. 4.000 millones. Pese a este antecedente, el intendente de Ñemby también busca el rekutu (reelección) para el periodo 2026-2031, siempre que supere las internas municipales del 7 de junio.
Olmedo pertenece políticamente al equipo del exvicepresidente de la República Hugo Velázquez (ANR, Fuerza Republicana), designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU.
Este martes en la sesión ordinaria de Diputados siete intendentes quedarán impunes políticamente, ya que materialmente es imposible ya a estas alturas proceder con la intervención, puesto que para desarrollarse necesitarán un plazo de al menos 2 a 3 meses, es decir, mayo o junio mientras que las internas municipales ya son el 7 de junio.