El proyecto de ley con media sanción del Senado que plantea quitar la administración del programa “Hambre Cero” a las gobernaciones de Concepción, manejada por la cartista Liz Meza y la de Alto Paraná, en manos del también cartista César “Landy” Torres, aún no ha tenido entrada oficial a Cámara Baja y abrió una grieta, según admitió el nuevo líder de bancada de Honor Colorado, diputado Miguel Del Puerto.
“Hay posiciones dispares en la bancada. La Cámara de Senadores todavía no remitió el proyecto, por lo que el contenido no manejo, pero a título personal -no como líder- sigo apostando a la descentralización”, dijo Del Puerto adelantando su postura en contra de la iniciativa.
El proyecto con media sanción pretende que el manejo de los fondos en Alto Paraná y Concepción pase a manos de uno de los “superministros” de este gobierno, Miguel Tadeo Rojas, tesorero de la ANR.
Este ya tiene en su poder el manejo de “Hambre Cero” en Central donde el gobernador es el opositor Ricardo Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) y Presidente Hayes, a administrada por el colorado presuntamente castigado por no ser del equipo del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, Bernardo Zárate.
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La iniciativa surgió en la Cámara Alta a propuesta del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar inicialmente como escarmiento a la gobernadora de Concepción, Meza tras hacer una ostentación en la fiesta de 15 años de su hija, pero de refilón luego se agregó a la administración de “Landy” Torres en Alto Paraná, quien aparentemente no apoya a candidatos zacariístas.
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La postura de Del Puerto estaría influenciada por el temor de que esta iniciativa luego se “contagie” a otros gobernadores, entre ellos el que forma parte de su equipo político en Caaguazú, Marcelo Soto (ANR, HC).
“No escuché ninguna acusación de mal manejo administrativo o que no hayan llegado los platos a los niños, entonces es para analizar”, alegó.
Al ser insistido, remarcó que particularmente cree conveniente que “se siga apostando a la descentralización (manejo a cargo de los gobernadores) y si hay que mejorar el control sobre dichas instituciones bienvenido sea”.
Del Puerto acotó que cree que “Beto” Ovelar -también cartista pero su enemigo político en Caaguazú- no actuó por cuenta propia, sino que “capaz haya sido vocero de un sector político”, puntualmente de un “grupo de senadores”.
La guerra por las internas municipales
El trasfondo de la disputa es claramente la pelea por candidatura de cara a las internas municipales del 7 de junio próximo, donde los mismos cartistas se están “sacando los ojos”.
Por esto, la grieta tendería a crecer, ya que extraoficialmente se menciona que en Diputados se podría agregar por ejemplo en la nómina de los “castigados” a la gobernadora cartista de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, quien está en abierto fuego cruzado con el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el cartista Juan Carlos Baruja.
En Alto Paraná, la pelea es entre el equipo del gobernador “Landy” Torres, respaldado por la diputada Liz Acosta (ANR, HC) contra el Clan Zacarías Irún, representado en Diputados por la exlíder de bancada, Rocío Abed, esposa del director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, a su vez, hermano del senador cartista Javier Zacarías Irún.
La riña se centra sobre todo en Ciudad del Este por quedarse con la chapa de la ANR y donde el cartismo no logró consensuar un solo candidato. Ahí, Magno Álvarez es candidato puesto del Clan Zacarías y Rigoberto Chamorro tiene la bendición de “Landy”.
Caso “Sobres” destapó la olla y evidenció tufo a negociado
Incluso antes de la escandalosa farra de la gobernadora cartista de Concepción, Liz Meza, el programa “estrella” del gobierno de Santiago Peña ya desprendía sospechas de ser un gran negociado en manos de unos pocos, según fue denunciado penalmente, caso conocido como “Los sobres del poder”.
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La denuncia fue presentada hace más de seis meses, ya hasta ahora la Fiscalía no demostró haber movido un solo dedo.
En resumen, la denuncia se basa en las declaraciones de la exempleada de servicio de Santiago Peña en Mburuvicha, Luz Maribel Candado, que reportó haber encontrado al menos dos sobres con US$ 100.000 cada uno en el quincho de la residencia presidencial, donde coincidentemente, Peña se reunía en secreto (fuera de agenda) con empresarios “amigos”, entre ellos Miguel Cardona, principal accionista de Comepar, una de las adjudicadas con el programa Hambre Cero.