¿Eliminar bonificaciones en 2026: ajuste real o solo un parche de Bachi?

SENADO BACHI NUÑEZ REEELECCION 02-12-2024 POLITICA ARCENIO ACUÑAARCENIO ACUÑA

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, presentó un proyecto de ley que busca suprimir sólo durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones “cualquiera sea su denominación” a funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política. Tampoco se establece a donde irá a parar el dinero a ser recortado, ni la cantidad. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de senadores cartistas y del liberocartista Dionisio Amarilla.

La propuesta legislativa surge luego de que el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) anuncie su renuncia al cobro de bonificaciones de G. 21 millones mensuales que engrosaban su salario mensual en más de G. 63.302.850.

¿Qué plantea el proyecto?

El texto establece la eliminación de bonificaciones durante todo el 2026 para altos cargos del Estado, incluyendo:

  • Presidente y Vicepresidente de la República
  • Senadores y diputados
  • Ministros del Poder Ejecutivo
  • Ministros de la Corte Suprema de Justicia
  • Fiscal General del Estado
  • Intendentes y gobernadores
  • Titulares de entes descentralizados, entre otros

Según la exposición de motivos, la medida busca generar “ahorros presupuestarios significativos” y enviar una señal de “responsabilidad y sacrificio compartido” desde las máximas autoridades.

Los impulsores sostienen que, ante un escenario fiscal complejo, es necesario que la dirigencia política reduzca sus beneficios adicionales.

En esa línea, el proyecto menciona que los recursos ahorrados podrían orientarse a sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura e inversión social pero no se fijan de forma taxativa en el proyecto de ley.

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El proyecto ya genera cuestionamientos. Uno de los principales es que se trataría de una medida temporal y limitada, que no resuelve el problema de fondo del gasto público.

  • Alcance restringido: la supresión de bonificaciones solo regirá durante el 2026, sin establecer cambios permanentes en el sistema salarial del sector público.
  • Falta de destino claro: aunque se menciona una eventual reorientación de recursos, el proyecto no define de manera concreta ni obligatoria hacia qué áreas se redirigirán los fondos ahorrados.
  • Impacto incierto: no se detallan cifras oficiales sobre cuánto representaría el ahorro ni cómo se integraría en el presupuesto general.

La medida se trataría de un “parche” más que de una reforma estructural, ya que no modifica de manera sostenida los privilegios ni garantiza inversión en áreas críticas como salud o educación.

Tras la presentación del proyecto de ley, la norma tendrá ingreso oficial en la sesión del miércoles y será girado a las comisiones dictaminantes para su análisis y posterior dictamen. Núñez no manifestó públicamente su intención de plantear el tratamiento en la próxima sesión.

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