El exministro Arnaldo Giuzzio presentó el martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es anular las resoluciones judiciales que desestimaron y declararon inadmisibles los recursos en la causa caratulada “N°15/22 Horacio Manuel Cartes Jara s/ enriquecimiento ilícito” y otros delitos económicos vinculados a los Panamá Papers.
Bajo el patrocinio del abogado Dante Giuliano Giuzzio, el exfuncionario busca dejar sin efecto el Auto Interlocutorio N° 18, dictado el 17 de febrero de 2026 por el Tribunal de Apelación Penal especializado. Dicho fallo, firmado por los magistrados Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, había ratificado la decisión del juez de Garantías Rodrigo Estigarribia de no permitir que Giuzzio, como denunciante, pueda apelar en el proceso.
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El argumento central de la acción presentada por Giuzzio es que los jueces impidieron una investigación objetiva y profunda sobre la hipótesis de hechos punibles.
El escrito destaca que, en casos de corrupción pública y crimen organizado, el derecho al acceso a la justicia y a conocer la verdad no puede ser cercenado por interpretaciones limitadas que excluyen a la víctima o al denunciante.
Giuzzio sostiene que se violaron sistemáticamente varios artículos de la Constitución Nacional, entre ellos el Artículo 38, que legitima el derecho de todo ciudadano a reclamar medidas para la defensa del patrimonio público.
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“La víctima está ‘neutralizada’ y en lugar de la compensación... aparece la acción penal pública”, señala el documento.
Crítica a la “indiferencia” judicial
La presentación también presenta críticas hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público, y acusa de incurrir en una “absoluta falta de comprensión del ordenamiento constitucional”.
Para Giuzzio, la negativa reiterada de investigar a fondo a Cartes, quien posee una “fama de cooptador del sistema de justicia”, sume al denunciante en una situación de indefensión absoluta y facilita la impunidad.
El documento enfatiza que la corrupción no es un “crimen sin víctimas”, ya que el daño afecta a toda la sociedad.
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En este sentido, Giuzzio reclama que se reconozca su personería para actuar en defensa de intereses colectivos, basándose en que la falta de una ley reglamentaria específica no es excusa para negar derechos fundamentales vinculados a la dignidad humana y al debido proceso.
Lo que se pide a la Corte
En su petitorio, Giuzzio solicita a los ministros de la Sala Constitucional que declaren nulos e inaplicables los fallos de primera y segunda instancia. Sostiene que estas resoluciones son arbitrarias y carecen de una fundamentación real, basándose en “simples formulismos” para evitar dar una respuesta.
La Corte Suprema ahora debe decidir si la investigación contra el actual titular del Partido Colorado sigue su curso o, de lo contrario, ratificar el cierre del caso de enriquecimiento ilícito.