El Congreso Nacional, presidido por Basilio “Bachi” Núñez, adjudicó cinco polémicos contratos financiados por la República de China (Taiwán), cuyo valor total roza los tres millones de dólares, evadiendo los controles formales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Estos contratos, destinados a “modernizar” la infraestructura del edificio legislativo, salieron a luz recién en febrero pasado y fueron tramitados con una reglamentación oculta hasta la fecha.
El proceso de estos llamados estuvo marcado por plazos sospechosamente cortos, la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes y la negativa directa de las autoridades legislativas a entregar documentación respaldatoria.
Llamativos llamados
El monto total adjudicado en estas cinco “Licitaciones No Reguladas” (LNR) asciende a casi tres millones de dólares (US$ 2.994.552), según registros parciales disponibles en la web de la DNCP. Además, según declaraciones realizadas anteriormente por el legislador, estos corresponderían a la primera fase de llamados con fondos donados por el país asiático, que alcanzarían un total de 8 millones de dólares.
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La mayor parte de estos fondos fueron destinados a la empresa Information Technology Consulting & Support SA (ITCS SA), que se alzó con el contrato de US$ 2.100.000 para la modernización de redes internas del Congreso (LNR N° 01/2025).
Sospechosamente, las adjudicaciones restantes corresponden a “segundos llamados”, ya que las licitaciones originales tuvieron que ser canceladas tras presentarse un único oferente en cada una de ellas, lo que limitaba el análisis comparativo y la competencia.
Tras estas suspensiones, se adjudicaron a PHI SA las obras complementarias edilicias por casi 500.000 dólares americanos.
Por su parte, la empresa Technoma SAECA –ligada a exsocios del presidente de la República, Santiago Peña– logró asegurar dos contratos: uno para instalaciones eléctricas por US$ 249.020 y otro para el sistema de CCTV por US$ 99.540.
Finalmente, MACOM SA se adjudicó la provisión de equipos profesionales de video por US$ 86.121.
Fuertes cuestionamientos
La exclusión expresa de la Ley de Contrataciones Públicas permitió al Congreso tramitar las compras bajo un hermético Reglamento Interno, aprobado mediante la Resolución N° 3255/2025.
Esto permitió plazos sumamente restrictivos de solo ocho días entre publicación y apertura. En la millonaria licitación de redes, las respuestas a consultas se publicaron a las 20:00 del día previo, sugiriendo direccionamiento.
Las críticas técnicas se agravaron con un sonoro escándalo legislativo provocado por la filtración de audios de la entonces senadora oficialista Norma Aquino, alias Yamy Nal. En estas grabaciones, sugería una presunta “repartija” de los fondos donados por Taiwán entre senadores allegados al titular del Senado y el Congreso.
Acorralado tras la expulsión de la legisladora por este escándalo, Núñez solicitó de manera tardía una revisión a la Contraloría General de la República (CGR).
En su consulta inicial, la CGR intervino exigiendo al Congreso informes que justificaran legalmente la excepción a la ley y el detalle de los precios referenciales utilizados.
Reglamentación oculta
ABC intentó acceder a las copias de la Resolución N° 3255, antecedentes de precios y los contratos firmados a través de una solicitud de acceso a la información pública (ID 100023).
El Congreso denegó entregar los archivos, limitándose a responder con un enlace genérico de la DNCP, a pesar de la reconsideración presentada a una primera negativa institucional.
Tras la presión, el Congreso subió los contratos a dicho portal recién a finales de febrero de 2026, meses después de las millonarias adjudicaciones concretadas entre octubre de 2025 y enero de 2026.