10 de septiembre de 2026

El IPS desembolsó entre 2024 y 2025 más de G. 104.226 millones (US$ 17,3 millones) bajo el rubro de gastos judiciales para pagar a proveedores por servicios fuera de contrato, violando la Ley de Contrataciones Públicas. De este monto, dos contratistas cobraron sin que existiera siquiera una sentencia ni homologación judicial, según reveló la Contraloría General. Uno de los beneficiados con esta maniobra fue la firma Audicon –de los exfuncionarios públicos Jacinto Santamaría y Marta González– contratada para una promocionada auditoría externa.

La Ande, cuyo titular es el Ing. Félix Sosa, ignora abiertamente a la industria paraguaya de software en su intención de adquirir un nuevo sistema de gestión comercial. Insiste en una Licitación Internacional, aunque no existen los requerimientos establecidos por ley. Pretende gastar US$ 13 millones, pero en consultas previas le tasaron la misma implementación por menos de la mitad del precio.

Un total de 1.200 adjudicaciones fueron comunicadas en un solo día a Contrataciones Públicas. Fue el pasado jueves, último día habilitado para ese fin. En una jornada, a los apurones, se registró más del 10% de todos los llamados del año.

