El 13 de marzo pasado, el Gabinete Civil de la Presidencia de la República concretó la adjudicación de un millonario seguro médico privado a favor de la firma Reyva SA, admitiendo formalmente haber vulnerado el Decreto N.º 2264/2024, firmado por el mismo Santiago Peña, para acelerar el proceso.
Esta irregularidad, que compromete hasta G. 5.400 millones del Estado, fue rubricada por el director general de Administración y Finanzas, César Daniel Ibarrola Cano, en abierta contradicción con la “economía de guerra” anunciada por el Gobierno.
Violaron decreto de Peña
El pasado 13 de marzo pasado, la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Gisela Rojas, presentó ante Contrataciones Públicas una declaración jurada en la que confiesa que la institución “no se ajustó a lo establecido en el artículo 105” de la reglamentación vigente en el Decreto N.º 2264/2024, el cual exige que la formalización de un contrato público solo puede realizarse una vez vencido el plazo legal para interponer protestas.
Bajo el pretexto de requerir el servicio “en la brevedad posible”, el Ejecutivo cerró el Contrato N.º 03/2026 ese mismo día de la declaración, apenas ocho días después del acto de apertura de sobres donde Reyva SA se presentó de manera exclusiva.
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Detalles del contrato
El contrato firmado bajo la modalidad “Ad Referéndum - Plurianual” prevé un pago máximo de G. 5.400 millones y un mínimo de G. 2.700 millones por un periodo de cobertura de 18 meses.
Por cada funcionario beneficiario del “seguro vip”, el Gabinete Civil prevé un pago mensual de G. 1 millón, alcanzando la cobertura sanatorial “integral” tanto a los funcionarios casados, solteros y con o sin hijos.
Economía de guerra
Este acelerado y opaco gasto estatal choca de frente con la crisis financiera de la nación anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
Apenas tres días después de la firma del contrato, el 16 de marzo de 2026, Fernández Valdovinos anunció un férreo plan de “economía de guerra” dentro del Estado debido a la abrupta caída en las recaudaciones impositivas y una multimillonaria deuda estatal que supera los US$ 1.000 millones, afectando principalmente a empresas constructoras y farmacéuticas. “El Tesoro Nacional está mal”, señaló.
Ministro director en festín de bonificaciones
El ministro director general de Administración y Finanzas del Gabinete Civil, César Daniel Ibarrola Cano, firmante de la resolución de la adjudicación y la firma del contrato, figura en la reciente lista de autoridades que disfrutan de un “festín de bonificaciones”.
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Según los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ibarrola pasó de cobrar una remuneración total de G. 24.851.200 durante el 2024 a un total de G. 32.617.069 mensuales en 2026, tras la asignación de un nuevo rubro de “bonificación por responsabilidad” que le otorga G. 6.523.414 adicionales al mes. Así, mientras el Tesoro colapsa en palabras de Fernández Valdovinos, los privilegios y adjudicaciones vip se blindan saltándose la ley.