El proyecto impulsado por el senador liberal Líder Amarilla propone elevar la pensión universal de adultos mayores hasta alcanzar el 100% del salario mínimo legal vigente, actualmente en G. 2.899.048.
La iniciativa contempla modificar los artículos 3° y 12° de la Ley N.º 7322/24, con el objetivo de mejorar el beneficio económico y ampliar las condiciones de acceso e inclusión de las personas adultas mayores.
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“No es un favor del Estado”, sostienen
Según explicó el legislador, el planteamiento surge tras una serie de audiencias públicas realizadas con adultos mayores de distintos puntos del país.
En esos encuentros, los participantes coincidieron en que la pensión no debe ser considerada un beneficio asistencial, sino una devolución por los aportes realizados durante toda su vida como ciudadanos.
Asimismo, cuestionaron la falta de acceso a servicios básicos como salud de calidad, medicamentos y otros beneficios que —según señalaron— sí existen en otros países.
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Plantean financiamiento sin nuevos impuestos
El senador aseguró que el aumento es viable sin necesidad de crear nuevos tributos. En ese sentido, sostuvo que la clave está en la “racionalización del gasto público” y en la mejor utilización de recursos existentes.
Mencionó, por ejemplo, los fondos sociales de las entidades binacionales como Itaipú y Yacyretá, que —según afirmó— no se reflejan de manera efectiva en la mejora de la calidad de vida de la población.
Proponen crear una institución especializada
Otro eje del proyecto es la creación de una Secretaría o Ministerio del Adulto Mayor, que centralice las políticas públicas dirigidas a este sector.
El legislador criticó que actualmente ni siquiera existen datos precisos sobre la cantidad de adultos mayores en el país, su ubicación o sus condiciones de vida.
La nueva institución tendría funciones como relevar estadísticas, asistir jurídicamente a personas en situación de abandono y articular políticas de salud y protección social.
Una política a largo plazo
Amarilla reconoció que alcanzar el 100% del salario mínimo podría requerir una implementación gradual, pero insistió en la necesidad de iniciar el proceso.
“Hoy cobran apenas el 25%, unos G. 700.000, lo que claramente no alcanza para vivir”, afirmó.
En ese contexto, planteó metas intermedias —como llegar al 50%— y avanzar hacia una política pública sostenida que trascienda los gobiernos.
Advirtió además que el envejecimiento de la población hará que la problemática se agrave en los próximos años, por lo que consideró urgente comenzar a atenderla desde ahora.