El abogado y especialista en acceso a la información pública Ezequiel Santagada presentó el viernes último un análisis técnico de las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña. El estudio cuestiona con dureza el reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que avaló la correspondencia en la evolución patrimonial del mandatario, al detectar severas inconsistencias matemáticas tanto en su vertiginoso salto de riqueza en el sector privado como en el manejo actual de sus finanzas personales siendo jefe de Estado.
De acuerdo con el cruce de datos oficiales realizado por Santagada, el patrimonio neto de Peña experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años. Al dejar el cargo de ministro de Hacienda en 2017, el actual mandatario declaró un patrimonio neto de G. 1.352 millones. Sin embargo, para agosto de 2023, al asumir la conducción del Poder Ejecutivo, su patrimonio neto se catapultó a G. 23.024 millones.
El argumento esgrimido por la defensa del presidente y refrendado por la CGR sostiene que este capital fue generado legítimamente gracias a sus altas remuneraciones como directivo del Banco Basa entre mayo de 2018 y julio de 2022. No obstante, el análisis de Santagada pulveriza esta versión.
Un saldo sin justificación legal
Al sumar el patrimonio inicial de Peña en 2017 con la totalidad de los ingresos demostrables y declarados que percibió durante su etapa en la mencionada entidad bancaria, la cifra máxima justificable alcanza un estimado de G. 12.262 millones. Esta cifra se obtuvo a partir de la filtración de sus ingresos ante la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), datos que jamás fueron desmentidos por el propio Peña.
La diferencia entre lo declarado al asumir la presidencia (G. 23.024 millones) y lo técnicamente “justificable” (G. 12.262 millones) arroja una brecha de G. 9.410 millones cuyo origen real se desconoce por completo.
Santagada cuestionó que la Contraloría haya obviado analizar este millonario remanente bajo el cómodo argumento de que solo posee facultades para auditar los periodos en los que Peña se desempeñó como funcionario público. “Se utilizó un doble estándar”, criticó el profesional, comparando el criterio laxo aplicado al jefe de Estado con los rigurosos exámenes de correspondencia que el mismo organismo de control impone a otros funcionarios en situaciones idénticas, como el caso de Eddie Jara.
Ingeniería de créditos con ueno
El análisis también pone el foco en el actual comportamiento financiero del presidente, calificando de “insostenible” su ritmo de gastos y cancelación exprés de deudas frente a sus ingresos reales como funcionario del Estado.
Según los informes remitidos a la CGR, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, ueno bank –entidad cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez)– otorgó a Santiago Peña tres préstamos por un valor global cercano a los US$ 600.000. El primero por US$ 47.000, y los dos siguientes por US$ 200.000 y US$ 351.000, respectivamente.
Los registros oficiales a los que accedió la CGR consignan que para noviembre de 2024 el mandatario ya había cancelado en su totalidad los créditos de US$ 47.000 y US$ 200.000, además de haber abonado seis cuotas del tercer préstamo (a razón de US$ 7.220 mensuales). En total, Peña desembolsó aproximadamente US$ 296.000 en menos de un año solo para saldar sus compromisos con dicho banco.
La matemática no cierra
Al confrontar estos desembolsos con el flujo de caja del presidente, las cifras oficiales entran en una abierta contradicción. Los ingresos totales de Peña en 2024 rondaron los US$ 326.000 (incluyendo su salario presidencial, gastos de representación, aguinaldo e inversiones financieras). En contrapartida, sus gastos de vida declarados estuvieron en torno a los US$ 146.000 anuales (US$ 12.200 mensuales).
Con estas cifras, el margen neto real que le quedaba disponible para pagar deudas era de US$ 180.000. Sin embargo, según los informes de la propia entidad bancaria, ueno bank le cobró a Peña US$ 296.000. Es decir, existe un déficit oculto y no explicado de US$ 116.000.
Los cálculos demuestran que al mandatario le faltaron US$ 116.000 de sus ingresos declarados para poder cubrir legalmente los pagos realizados a la entidad bancaria que, paradójicamente, durante su gobierno pasó a liderar de manera vertiginosa el manejo de los fondos públicos y cuyo principal accionista fue socio comercial de Peña hasta abril de 2025 en Ueno Holding Saeca.
A este complejo escenario se añade una deuda de G. 2.119 millones con la constructora Gómez Abente, firma vinculada familiarmente a su hermano Manuel Peña (representada por Santiago Gómez, suegro de este), cuyos fondos de amortización tampoco aparecen especificados.
“Peña está dilapidando su capital. Se fue a Columbia University, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, fue ministro de Hacienda en una época de crecimiento, es presidente y ¿se está empobreciendo? Con todos esos títulos, se equivocó groseramente en su propia declaración jurada”, sentenció Santagada.
Finalmente, el analista señaló que el Ministerio Público tiene la obligación legal de intervenir de oficio para investigar si el Banco Central del Paraguay (BCP) fiscalizó si las millonarias remuneraciones del sector privado correspondían efectivamente al mercado y, fundamentalmente, esclarecer el origen real de los fondos del jefe de Estado.