El artículo 2 de la Ley 5033/13 es clara y Eddie Jara tenía un plazo de quince días hábiles tras su salida para declarar sus bienes. Jara renunció a la petrolera estatal el pasado 10 de marzo de 2026, por lo que el tiempo límite expiró el 31 de marzo pasado. Hasta ayer no existían rastros de dicha documentación en el portal de la Contraloría General de la República (CGR).
Su salida de Petropar se dio en medio de fuertes cuestionamientos por sus ostentaciones públicas junto a su pareja, la diputada colorada cartista Johana Vega, y el polémico acuerdo con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
De acuerdo con la Ley 6919/2022, la omisión de este trámite faculta al Contralor General a aplicar sanciones de hasta el 80% del salario o dieta presupuestada del funcionario infractor.
El “agujero” financiero
Más allá de la omisión administrativa, la situación de Jara es crítica. Un informe de 170 páginas remitido al Ministerio Público detalla un desfasaje financiero en su patrimonio que oscila entre G. 1.135 millones y G. 1.549 millones, detectado entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025.
La CGR analizó dos escenarios sobre sus finanzas, luego de que Jara intentara justificar egresos por más de G. 8.825 millones (destinados a tarjetas, préstamos y vehículos). En el escenario uno existía un descalce de G. 1.549 millones (se incluyeron supuestos cobros en efectivo por préstamos otorgados a terceros), mientras en el escenario dos se encuentra un desfasaje de G. 1.135 millones (se consideraron G. 413 millones adicionales que Jara intentó justificar con recibos comunes, sin certificación legal ni respaldo bancario).
En ambos casos, la auditoría confirmó que los cobros nunca pasaron por el sistema financiero (fueron en efectivo), lo que imposibilita la trazabilidad del dinero y refuerza la sospecha de irregularidades en su crecimiento patrimonial.