El caso tiene como protagonista a Doris Rocío Chávez Benegas, contadora, quien denunció haber sido víctima de un presunto fraude financiero tras detectar un embargo en su cuenta por G. 74.871.590.
Según su testimonio la afectada nunca solicitó el crédito atribuido a su nombre, desconoce la firma en el pagaré presentado y argumenta que en la fecha del supuesto préstamo (agosto de 2020), estaba con reposo médico por preeclampsia en plena pandemia.
El crédito habría sido otorgado en la casa matriz del BNF y posteriormente ejecutado judicialmente sin que, según la víctima, existieran reclamos previos.
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La Comisión del Senado “Antimafia de Pagarés” presidida por el senador Rafael Filizzola (PDP) investiga una red de presuntos fraudes basada en la generación irregular de pagarés, las ejecuciones judiciales rápidas y los embargos directos a cuentas de las víctimas.
En este caso, el dinero embargado correspondía incluso a la liquidación final laboral de la denunciante, lo que agrava el impacto económico y social.
Uno de los puntos más críticos señalados en la nota enviada al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, es la falta de resultados en la causa (N.º 682/2025) que lleva 10 meses sin avances sustanciales, que está radicada en una unidad fiscal de San Antonio y que la propia fiscalía reconoce limitaciones de recursos y distancia con los hechos, ocurridos en Asunción.
“La falta de impulso permite que el daño patrimonial y emocional continúe”, advierte la Comisión.
Llamado de atención al Ministerio Público
El documento dirigido a Emiliano Rolón señala que las víctimas siguen sufriendo mientras las causas permanecen paralizadas provocando consecuencias como descuentos indebidos en cuentas, litigios ejecutivos prolongados y situación de indefensión jurídica.
La Comisión considera que esta inacción compromete la eficacia del sistema penal.
El caso presenta elementos que, según la comisión del Senado podrían indicar uso de documentos no auténticos, la posible falsificación de firmas y la eventual responsabilidad dentro de la propia entidad bancaria.
Además, se remarca que no se trataría de un hecho aislado, sino de una práctica más amplia que requiere un abordaje estructural.
Piden trasladar la causa a Asunción
Ante este escenario, la comisión del Senado solicitó reasignar el caso a una unidad especializada en delitos económicos en Asunción, revisar el criterio territorial que mantiene la causa en San Antonio y fortalecer la investigación de todos los casos vinculados a esta trama.
A inicios de abril, La Comisión Especial de Investigación sobre la “Mafia de los pagarés” de la Cámara de Senadores solicitó la intervención de la Superintendencia de Bancos en el caso del BNF, tras detectarse presuntas irregularidades en el otorgamiento de un crédito de G. 30 millones a un funcionario público en situación de alta vulnerabilidad.