17 de julio de 2026

Desde hace una semana, de nuevo como en tantas otras ocasiones, no funciona el único cajero automático que opera en todo el distrito. Pertenece al Banco Nacional de Fomento, y la situación perjudica a numerosos asalariados del sector público, quienes no pueden percibir sus salarios.

Un nuevo caso vinculado a la llamada “mafia de los pagarés” vuelve a poner en el centro de la polémica al Banco Nacional de Fomento (BNF), tras la denuncia de un presunto crédito irregular de más de G. 74 millones que una víctima asegura nunca haber solicitado. La situación fue elevada formalmente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por parte de la Comisión Especial del Senado que investiga este esquema delictivo, advirtiendo además la falta de avances en múltiples causas similares.

El total de saldos bancarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el sistema financiero nacional asciende a US$ 3.840 millones, de los cuales G. 18,2 billones se encuentran en moneda nacional y US$ 1.033.055.423 en moneda extranjera. La estructura por moneda muestra una distribución relevante en ambas denominaciones, lo que sugiere una gestión que combina liquidez en moneda local con posiciones en dólares vinculadas a obligaciones externas, importaciones o previsión de pagos internacionales.

Los saldos públicos depositados en entidades bancarias del sistema financiero nacional alcanzan US$ 3.828 millones al primer bimestre de 2026, cifra que implica un incremento de 53,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se situaban en US$ 2.498 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Un aparente “nuevo modus operandi” de la denominada “mafia de los pagarés” involucra al Banco Nacional de Fomento (BNF) según denuncia el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial del Senado que indaga el caso. Afirma que altos niveles fueron cómplices en el otorgamiento de millonarios préstamos incluso a personas con discapacidad y sin poder adquisitivo, todo ello con tal de someterlos a los descuentos compulsivos de salarios.

Una grave denuncia fue realizada por la comisión “Antimafia de Pagarés”. El funcionario del Senado Isabelino Cipriano González, con una discapacidad auditiva del 71% certificada por la Senadis, habría sido víctima de una presunta estafa tras la aprobación de un préstamo de G. 30 millones por parte del Banco Nacional de Fomento (BNF) que sigue pagando.