La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió el 16 de abril de 2026 el demoledor dictamen DNCP/DGAJ Nº 3644/26. En el documento se disponía el cierre de una denuncia, pero con una derivación explosiva que es la remisión de todos los antecedentes al Departamento de Sumarios para investigar la conducta del Consorcio Comitia-MSA (Francisco Pérez Quintana, Juan Pablo Prezzoli y Nicolás Geraldo Nelson Deane) bajo sospechas de irregularidades en el primer llamado del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la compra de las máquinas de votación por US$ 92,8 millones.
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Este punto contundente se guardó con extremo celo. La discreción institucional resultó vital para el grupo empresarial, que apenas en febrero pasado logró quedarse con un nuevo contrato de US$ 35 millones (unos G. 225.318 millones), esta vez para el arrendamiento de los mismos equipos, tras un sospechoso segundo llamado de la Justicia Electoral.
El dictamen desnuda una aparente maniobra técnica que roza lo criminal. Según el pliego de bases y condiciones del primer llamado, las máquinas debían contar con pantalla táctil de tecnología capacitiva como requisito esencial. Sin embargo, la “trampa” quedó registrada de manera cronológica cuando el 22 de mayo de 2025, el consorcio Comitia MSA presentó sus máquinas; el 15 de julio de 2025, fuera de tiempo, ingresaron una caja lacrada bajo la genérica denominación de “accesorio” y dos días después, durante las pruebas funcionales, los técnicos del consorcio reemplazaron la pantalla de una de las máquinas por la que estaba en la caja de “accesorios”, describe el dictamen.
De acuerdo al documento de la DNCP, el Comité de Evaluación detectó el “engaño” y se negó a probar la máquina modificada, advirtiendo que aceptar ese “cambio de piezas” sobre la marcha violaba los principios de igualdad y libre competencia frente a los demás oferentes.
Pese a que el dictamen concluye que existen “elementos suficientes” para remitir al Departamento de Sumarios de Contrataciones Públicas por la gravedad de haber alterado una oferta técnica, el documento no fue publicado en el portal de la DNCP, permaneciendo invisible hasta que ABC tuvo acceso al mismo.
Al respecto, el titular de la DNCP, Agustín Encina, intentó minimizar la gravedad del ocultamiento. “El dictamen es solo algo interno que no da una conclusión sobre un proceso. Ese es el motivo por el cual no está público”, afirmó, ensayando una defensa técnica sobre el procedimiento de “investigación previa” que durara 90 días, según dijo Encina.
Al ser consultado sobre si este silencio administrativo de Contrataciones Públicas no constituyó un blindaje para que el Consorcio Comitia MSA asegure los US$ 35 millones del segundo llamado por arrendamiento, Encina fue tajante: “No tenemos nada que blindar. Blindar sería rechazar la denuncia, no dictaminar para que se profundice la investigación”.
Sin embargo, el funcionario no pudo explicar por qué un documento que advierte graves irregularidades en el sistema electoral paraguayo fue tratado como un “papel interno” sin relevancia pública.
Desconocen dictamen
Por su lado, el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, afirmó anoche que desconocía el dictamen de Asuntos Jurídicos de la DNCP por el cual se remitía los antecedentes de la participación del Consorcio Comitia-MSA en el primer llamado a licitación para la compra de máquinas de votación. No obstante, nos derivó con el director general de Administración y Finanzas del TSJE, Daniel Echagüe, quien reconfirmó que tampoco están en conocimiento de los detalles de ese documento. Prometió realizar la verificación hoy en los correos institucionales.
Siempre bajo la lupa
Desde un inicio la licitación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) despertó cuestionamientos y sospechas, ya que la primera licitación (para la compra de máquinas de votación) terminó siendo cancelada por la Justicia Electoral, con la llamativa coincidencia que el Consorcio Comitia-MSA había sido descalificado por faltas serias.
El consorcio además presentaba presuntos vínculos como empresas “amigas” del presidente de la República, Santiago Peña. Esto ya que si bien ante Contrataciones Públicas figuran como responsables legales a Francisco Pérez Quintana, Juan Pablo Prezzoli y Nicolás Gerardo Nelson Deane, posteriormente incluyeron entre sus representantes a los abogados Pablo Debuchy y Franco Boccia.
Boccia y Debuchy son parte del estudio jurídico de Eduardo Gross Brown Costa, hasta ahora director suplente de ueno bank, cuyo principal vinculado es el Grupo Vázquez SAE, que fue socio comercial del presidente Peña hasta abril del año pasado, cuando se deshizo de sus acciones en Ueno Holding Saeca.
El primer hecho llamativo es que inicialmente el TSJE defendía a capa y espada la compra de máquinas de votación electrónica alegando que, por un lado, daba mayores garantías para el proceso (tener mayor control sobre el software y otras especificaciones), además de implicar a futuro un “ahorro”, ya que el primer llamado contemplaba la adquisición de máquinas tanto para las elecciones municipales de este año como para las generales de 2028.
En esa línea, en marzo de 2025 lanzó un primer llamado para la adquisición por unos US$ 92,8 millones donde se presentaron tres oferentes: Consorcio Paraguay Democrático, Consorcio Comitia-MSA y Myru Systems Co. LTD., cuyas ofertas fueron sometidas a las verificaciones técnicas.
Tras este proceso, el TSJE descalificó tanto a Comitia-MSA y Myru Systems por incumplimientos en el pliego al pliego de bases y condiciones, que iban desde pantallas táctiles que no se ajustaban al requerimiento, aspectos de software y también con la provisión de las baterías.
Con el Consorcio Paraguay Democrático como único aún en carrera, de manera llamativa, en agosto de 2025, la mayoría en Cámara de Senadores aprueba una declaración instando al TSJE a frenar el proceso de compra de las máquinas, lo cual apenas dos días después la Justicia Electoral acata pese a que dichos pronunciamientos suelen ser meramente declarativos.
Sin mayores argumentos, el TSJE anula todo el proceso anterior y lanza un nuevo llamado, donde llama la atención el cambio de postura, puesto que ahora pretendían simplemente el alquiler y tanto empresas que pretendían participar del segundo llamado como referentes de la oposición denunciaron ya un presunto intento de direccionamiento.
Tras ese proceso, finalmente y con ajustado pliego de bases y condiciones, el único que se presentó llamativamente fue el consorcio Comitia MSA, que pasó de ser eliminado en el anterior proceso al adjudicado sin competencia en el segundo llamado del TSJE.
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Un punto que llama la atención es que la Justicia Electoral también dejó constancia en actas de las presuntas irregularidades en la que incurrió el Consorcio Comitia MSA en el primer llamado. Sin embargo, no estableció ningún tipo de sanción, es más, en el nuevo pliego se habrían establecido modificaciones que podrían afectar la seguridad de las máquinas de votación.
A esto se suma que ahora en caso de prosperar el sumario en la DNCP podría derivar a futuro en una posible anulación del contrato del segundo llamado a licitación.
Lo cierto es que, a menos de un mes de las internas municipales del 7 de junio y con observaciones que ameritarían un sumario por parte del Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el contrato por casi US$ 35 millones sigue vigente.