Sin sorpresas. La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, concluyó el examen a los bienes del presidente Santiago Peña, dictaminando de forma favorable que existe correspondencia en la evolución patrimonial del mandatario.
Sin embargo, el 15 de abril de 2026 –a solo semanas de que se entregara ese informe final a la Fiscalía–, el ente de control realizó ajustes llamativos a partir de una “nota aclaratoria” donde el presidente pretendió normalizar la omisión de inmuebles, acciones, bonos y groseros errores de cálculo en sus manifestaciones de bienes. El blindaje se activó seis meses después de su última presentación oficial y en el momento de mayor presión sobre su patrimonio.
Bajo el argumento de “coadyuvar” con el órgano de control, Peña admitió que tuvo que hacer un cruce de datos con auxilio de sus asesores financieros. Aunque el mandatario intentó vender la presentación de su manifestación de bienes en octubre del año pasado como un acto espontáneo de “transparencia”, la cronología lo desmiente, ya que coincidió con el estallido del escándalo de los presuntos “sobres con dinero” en Mburuvicha Róga y la filtración de su ostentosa casa de verano en San Bernardino.
En la nota, Peña ensayó una justificación preventiva al asegurar que los activos omitidos tienen “trazabilidad completa” y que el parche “no altera la consistencia” de su evolución, intentando pautar de antemano el criterio que debía adoptar la CGR para dictaminar a su favor.
Sincronización exprés
Uno de los ajustes del presidente apunta directamente a blindar el costo real de su residencia veraniega. Peña forzó los números para hacerlos calzar exactamente con el contrato de US$ 900.000 presentado el 12 de noviembre de 2025 a la Contraloría por la Constructora Gómez Abente SA, representada por Santiago Pedro Gómez Zelada, proveedor del Estado y, casualmente, suegro del hermano del presidente, Manuel Peña Palacios.
Según el justificativo del Ejecutivo, en su declaración de seis meses atrás asentó un valor erróneo de G. 6.300 millones utilizando un tipo de cambio referencial y redondeado de G. 7.000 por dólar. En su corrección de última hora, admitió que la cotización real era de G. 7.002 y “blanqueó” que ya desembolsó US$ 600.000 en favor de la constructora, arrastrando un saldo pendiente de US$ 300.000.
A la par del reajuste de la mansión, el mandatario tuvo que revivir un activo que había “desaparecido” de sus registros. Se trata de un bono corporativo de las firmas ligadas a Cementos Concepción (Cecon) por G. 250 millones, sumado a sus intereses devengados por más de G. 63 millones.
Esta inversión figuraba cuando asumió el cargo, pero fue borrada en la actualización patrimonial de septiembre pasado, según dijo Peña en “nota aclaratoria”.
Cuentas infladas
Las inconsistencias detectadas también salpican su pasado como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y ministro de Hacienda de Horacio Cartes. En su “rectificación” tardía, Peña reconoció que ocultó dos inmuebles ubicados en Villa Hayes y una participación accionaria de G. 33 millones en la firma Corpus SA de Mandatos, de la cual afirma haberse desvinculado recién en 2022.
El desorden en las cuentas del economista llegó al extremo de inflar sus depósitos bancarios por un supuesto error matemático. Peña declaró tener G. 72.508.241 en una cuenta del Banco Basa al asumir la conducción del país; sin embargo, ahora sostiene que se confundió de divisa al realizar una conversión errónea sobre un saldo real que apenas alcanzaba los G. 9.997.
Finalmente, el documento arrastra un último blanqueo de fondos. Se trata de un ingreso extra de US$ 40.000 percibido en septiembre de 2023, inmediatamente después de tomar las riendas del Estado.
Peña justificó este caudal como el cobro de una “cuenta a cobrar” a la firma Real Viviendas EAS, empresa de la que es accionista, buscando justificar las variaciones y los movimientos de dinero en sus cuentas personales antes de que los auditores cerraran el dictamen final de correspondencia.
Ajustes en silencio
El punto más sugestivo de esta maniobra es que la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, consintió las modificaciones en silencio y evitó reportar a la Fiscalía pese a que el propio Santiago Peña confesó que omitió bienes en sus declaraciones juradas. Como prueba del blindaje, las declaraciones juradas del mandatario publicadas en el portal web del ente de control siguen intactas, sin ninguna tacha ni registro oficial de rectificación; sin embargo, las nuevas cifras y registros fueron usadas para sustentar el examen de correspondencia favorable para el presidente de la República.
San Ber: la complicidad municipal
El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, confirmó ayer que la Municipalidad de San Bernardino –dirigida por el intendente cartista Emigdio Ruiz Díaz– no respondió a los requerimientos del órgano de control. Esta omisión podría ser un abierto encubrimiento a graves irregularidades delatadas por los documentos porque la casa veraniega del presidente Santiago Peña se levantó de forma “clandestina”, sin permisos municipales previos e incluso violando normativas ambientales.
La cronología del blanqueo de papeles es demoledora. El 31 de enero de 2025 –apenas cuatro días después de que ABC revelara la existencia de la lujosa residencia–, el intendente Ruiz Díaz emitió la Resolución Nº 69/2025 para aprobar a las apuradas los planos y el reglamento del complejo inmobiliario Las Piedras, en la zona de Ciervo Cua.
El proyecto figura a nombre de Walter Ruiz Maciel y María Teresa Quevedo, pero en ese exclusivo barrio cerrado el mandatario ya tenía edificada y habitada su residencia desde mediados de 2024.
El blindaje político local se completó recién el 12 de marzo de 2025, cuando la Junta Municipal convalidó la resolución para otorgar los permisos. Para sumarle opacidad al caso, Torres confirmó que, durante el examen de correspondencia, los auditores comprobaron que las tierras donde Peña fijó su residencia de verano siguen inscriptas a nombre de Ruiz Maciel y Quevedo, pero que llamativamente “validaron” un contrato privado de compra de inmueble presentado por el mandatario.
Pisoteo ambiental
El esquema de impunidad expone también la inacción deliberada de la Contraloría General de la República (CGR), que evitó cruzar datos clave con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). La propiedad de 14 hectáreas donde está el barrio cerrado Las Piedras se asienta sobre un “Área Silvestre Protegida de dominio público y privado”, catalogada como Reserva de Recursos Manejados del Lago Ypacaraí y sus Humedales, según la Ley Nº 5256/14.
De acuerdo con la legislación vigente, cualquier obra en la zona exige de forma obligatoria y previa un estudio de impacto ambiental (EIA), conocida como licencia ambiental, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”.
En este caso se ignoró este requisito ineludible para la obra. Incluso, la Municipalidad había confirmado a nuestro diario que los planos de fraccionamiento del barrio cerrado se aprobaron luego de la licencia ambiental.
El propio Mades confirmó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue expedida recién el 29 de enero de 2025; es decir, la licencia ambiental se otorgó como un “salvavidas” de última hora, posterior a las publicaciones periodísticas y con la lujosa mansión ya totalmente terminada.
Auxilio de Ueno Bank
El informe de la CGR esconde otro beneficio inexplicable para el jefe de Estado por parte de la Constructora Gómez Abente SA. Según los informes, el contrato para edificar la casa por US$ 900.000 en San Bernardino se firmó el 17 de octubre de 2023, fijando un plazo de ejecución de 23 meses. Sin embargo, la obra avanzó a una velocidad inusual porque estuvo prácticamente terminada a finales de 2024, mucho antes del vencimiento, y la familia presidencial ya disfrutaba de las instalaciones.
Pero el dato más escandaloso radica en el esquema financiero, ya que la constructora, proveedora del Estado, inició y ejecutó gran parte de la megaobra sin cobrar un solo guaraní de adelanto. El primer desembolso de Peña llegó recién el 16 de mayo de 2024 –siete meses después de la firma del contrato– y se ejecutó gracias a un préstamo de US$ 300.000 otorgado por Ueno Bank, entidad financiera estrechamente vinculada a los exsocios comerciales de Peña. El segundo pago, por otros US$ 300.000, se concretó recién el 21 de abril de 2025, quedando un saldo final pendiente de US$ 300.000.