30 de mayo de 2026
Impresentable, como mínimo, es la respuesta que usted ha dado a la ciudadanía paraguaya ante la revelación del deficiente estudio de correspondencia de bienes que hizo la Contraloría General de la República (CGR). Las 150 páginas no solo demuestran que el ente de control aceptó, sin hurgar ni analizar críticamente, los números que usted aparentemente iba maquillando en sus declaraciones juradas mientras ya estaba en marcha el estudio. Confirma que, muy a diferencia de lo que –acertadamente– hicieron con las declaraciones juradas del extitular de Petropar Eddie Jara, en su caso no fueron analizados los canales de sus actividades en los paréntesis de su ocupación privada para entender el origen del dinero. Usted sabe muy bien que, por definición de legislaciones internacionales contra el lavado de activos, es un ciudadano Políticamente Expuesto (PEP) a los efectos de cualquier análisis financiero y trazabilidad de capitales.

El exdiputado cartista Orlando Arévalo hizo desaparecer de sus declaraciones juradas vehículos de su flota y sus 10 gallinas ponedoras que le generaban ingresos mensuales de G. 100 millones. El exlegislador, al renunciar a su curul en la Cámara Baja, presentó dos manifestaciones de bienes de las cuales, sugestivamente, “borró” unos G. 4.265 millones de su patrimonio neto.

El ex gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR-HC), quien fue destituido por una supuesta malversación de G. 18.500 millones, nunca entregó su declaración jurada de bienes y renta ante la Contraloría General de la República (CGR) al dejar el cargo. Sin embargo, en sus últimos documentos presentados, se observan llamativas inconsistencias.

El intendente de J. Augusto Saldívar, Diego Alonso (PLRA- efrainista), presentó dos declaraciones juradas de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República (CGR) con datos totalmente calcados, pero con tres años de diferencia. Es decir, desde el 2018 al 2021 el jefe municipal nunca pagó una sola cuota de sus deudas y hasta tiene similar patrimonio neto.

La Contraloría General de la República se encuentra recabando datos para presentar informe de correspondencia de las declaraciones juradas de varios funcionarios salientes del anterior gobierno. Interesa principalmente conocer la rendición de cuentas del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia y del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien habría tenido un notorio aumento de patrimonio en estos años.

De los seis senadores de la ANR reelectos, cinco tuvieron crecimiento patrimonial de entre 2% y 27 % y solo uno dijo que decreció sus bienes, según sus Declaraciones Juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR). Los tres liberales reelectos declararon menos patrimonio neto.