14 de abril de 2026

El exdiputado colorado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala de Lambaré Carolina González, admitieron ante la Contraloría graves omisiones e inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Sin embargo, los descargos presentados –especialmente sobre el valor real de edificaciones en varios de sus inmuebles– no lograron convencer al ente de control, que resolvió enviar los antecedentes al Ministerio Público.

El intendente de J. Augusto Saldívar, Diego Alonso (PLRA- efrainista), presentó dos declaraciones juradas de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República (CGR) con datos totalmente calcados, pero con tres años de diferencia. Es decir, desde el 2018 al 2021 el jefe municipal nunca pagó una sola cuota de sus deudas y hasta tiene similar patrimonio neto.

La Contraloría General de la República se encuentra recabando datos para presentar informe de correspondencia de las declaraciones juradas de varios funcionarios salientes del anterior gobierno. Interesa principalmente conocer la rendición de cuentas del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia y del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien habría tenido un notorio aumento de patrimonio en estos años.

De los seis senadores de la ANR reelectos, cinco tuvieron crecimiento patrimonial de entre 2% y 27 % y solo uno dijo que decreció sus bienes, según sus Declaraciones Juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR). Los tres liberales reelectos declararon menos patrimonio neto.


El exmagistrado en lo penal Pedro Mayor Martínez, uno de los que dictaron el fallo a favor de la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, se pronunció en contra de la postura que tuvo el Tribunal de Sentencia en mayoría para absolver al exministro Dany Durand. Expresó que la ley no permite la discriminación que hicieron los jueces Elio Ovelar y Darío Báez y que la mentira debe ser sancionada, “sea hacia arriba o hacia abajo”.