El examen de correspondencia elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, dejó al descubierto los demoledores nexos comerciales de Santiago Peña con proveedoras del Estado altamente beneficiadas con recursos públicos durante su mandato. Una de ellas es la firma Wels SA, donde el actual presidente de la República fue socio directo, según los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
El ente de control detalla que Peña no solo compartió acciones en esa firma junto a su hijo, Gonzalo Peña Ocampos, y su hermano, Manuel Peña Palacios, sino que además se mantiene hasta hoy como garante de un millonario préstamo vigente con el Banco Atlas. Esta vinculación activa desbarata la distancia temporal del vínculo y traslada al Ministerio Público la obligación de realizar una verificación penal exhaustiva.
Un tímido arranque
Aunque la Contraloría ensayó una defensa técnica al dictaminar que la condición de codeudor de Santiago Peña no lo posiciona como beneficiario directo del crédito, para la Fiscalía el dato se convierte en el disparador clave para cruzar el exponencial crecimiento de la firma en las compras públicas. Antes de la llegada de Peña al Palacio de López, Wels SA operaba de manera secundaria. En 2021, apareció en el radar de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) oculta bajo el Consorcio Welsan, en sociedad con el Sanatorio San Roque SRL (Juan Carlos Fernández Barriocanal)
Los registros de la DNCP revelan que el primer acuerdo de dicho consorcio se firmó el 9 de abril de 2021 con la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), dependiente del Ministerio de Salud, para la recolección y transporte de residuos patológicos por G. 3.026 millones.
El esquema se repitió el 1 de septiembre de 2021, cuando el grupo logró –vía excepción– un contrato con el Instituto de Previsión Social (IPS) por G. 2.095 millones. Apenas dos meses después, el 18 de noviembre de ese año, sumaron otra adjudicación con Digesa por G. 2.860 millones. En 2022, el Consorcio Welsan cerró dos acuerdos más por el mismo servicio de basura hospitalaria: uno de G. 5.291 millones con el IPS y otro de G. 10.574 millones con la cartera de Salud.
Hasta ese momento, Wels SA carecía de estructura para ganar contratos propios e independientes; toda su facturación, unos G. 23.846 millones, dependía del consorcio.
El salto exponencial
El escenario cambió radicalmente tras las elecciones generales de abril de 2023. Con Peña consagrado como presidente electo, Wels SA cobró vuelo propio y obtuvo su primera adjudicación en solitario el 5 de julio de 2023. Se trata de un contrato con el IPS por G. 9.837 millones.
A partir de allí, el flujo de dinero público fue imparable. El 25 de agosto de 2023 –apenas diez días después de que Peña jurara el cargo– Wels SA se alzó con otros G. 500 millones en la previsional. Dos meses más tarde, el 25 de octubre, el Ministerio de Salud le otorgó una tajada de G. 14.793 millones.
La racha de adjudicaciones se consolidó durante 2024, 2025 y lo que va de 2026. En solo 27 meses de la gestión de Peña, la empresa acumuló contratos estatales por un total de G. 121.515 millones, una cifra que equivale a unos US$ 19,5 millones a la cotización actual.
El festín de dinero público incluyó además una llamativa diversificación de rubros. La empresa mutó de la recolección de residuos hospitalarios al negocio del paisajismo y la jardinería. Lo hizo a través de un nuevo consorcio integrado por las firmas Eco Norte SA –donde hasta 2023 también aparecía el hermano del mandatario, Manuel Peña– y Mafara SA. Como cliente nuevamente el IPS, que le entregó un contrato de G. 24.551 millones para el “cuidado” de sus jardines.
Designaron al fiscal Arce
El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), resultó sorteado para llevar a cabo la investigación penal contra el presidente Santiago Peña, en base a una denuncia hecha por 8 legisladores por supuesto enriquecimiento ilícito y otros.
Hay elementos de colusión, afirman
El abogado Felino Amarilla, uno de los patrocinantes de una de las denuncias contra Santiago Peña (ANR-HC), afirmó que el caso del mandatario reúne los elementos de un presunto hecho punible de colusión, el cual se configura cuando las partes se ponen de acuerdo para beneficiarse provocando un perjuicio directo al Estado. Según dice, los datos financieros del entorno del jefe de Estado exponen un cruce de deudas alarmante: el presidente es deudor de ueno bank –entidad fondeada con los recursos del IPS– y, al mismo tiempo, le debe dinero a la Constructora Gómez Abente, actual contratista del Estado.
Amarilla señaló que ante esto, el escenario pasa del aspecto ético y se convierte en una obligación penal para el Ministerio Público. Advirtió que resulta imperativo que la Fiscalía aclare los mecanismos comerciales por los cuales Peña logró obtener un crédito de US$ 600.000 por parte de ueno bank para edificar una residencia de lujo en un terreno que ni siquiera está a su nombre, monto al que se le suma otra obligación pendiente de US$ 300.000 con la citada constructora.
Para el abogado, la clave de la investigación radica en auditar el flujo de caja real del jefe de Estado. Explicó que se debe determinar de forma técnica si el salario oficial del presidente es compatible con semejante nivel de endeudamiento financiero, recordando que Peña tiene la obligación constitucional de transparentar y explicar el origen de sus medios. Amarilla sentenció de forma tajante que, si el presidente de la República no demuestra tener la capacidad económica legítima para saldar estos pasivos con proveedores de su propio gobierno, la investigación apunta a la existencia de un presunto soborno encubierto.