El senador Dionisio Amarilla (Diálogo Azul Lista 100), colaborador del cartismo y aspirante a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), denunció mediante sus voceros una supuesta exigencia económica relacionada con la organización de las internas partidarias, señalando directamente a autoridades vinculadas al proceso electoral.
Lea más: Dionisio revela su objetivo: impedir que PLRA se alíe con Prieto en 2028
Desde la presidencia del PLRA, no se hicieron comentarios sobre la denuncia. Aunque Amarilla dijo que la situación se repetiría en todo el país, solo mostró una nota oficial de la agrupación en que se pide a los tres movimientos principales Nuevo Liberalismo, Frente Radical y Diálogo Azul, cubrir el costo de G. 7.200.000 del alquiler de sillas, mesas y otros para el Centro Educativo Salesiano San José de Concepción.
Según manifestó Amarilla, el titular saliente del PLRA, Hugo Fleitas, estaría pretendiendo que los movimientos internos asuman un gasto promedio de G. 6.000.000 por cada institución educativa utilizada como local de votación, bajo el concepto de limpieza de colegios, provisión de prolongadores eléctricos, mesas, sillas y toldos.
Amarilla cuestionó además que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no contemple ciertos elementos logísticos básicos dentro de la provisión de las máquinas de votación.
Autoridades del citado ente electoral constantemente afirman que, aunque ellos presten las máquinas de votación y faciliten la logística estatal, las internas y su juzgamiento corren a cuenta de cada partido político. En este caso el encargado de los comicios liberales es el Tribunal Electoral Independiente del PLRA (TEI) cuyo presidente es Gustavo Bernal.
“Si el TSJE pone las máquinas, mínimamente debe incluir los prolongadores. Además, si se trata de una elección prevista por ley, constituye una carga pública para las instituciones donde el TEI dispuso la realización de los comicios”, expresó.
El legislador también pidió una aclaración urgente a los ministros del TSJE sobre los montos que, según denunció, estarían siendo solicitados por funcionarios electorales asignados como coordinadores.
“Estamos hablando de aproximadamente G. 1.500 millones que se estarían pidiendo en total”, afirmó.
Finalmente, Amarilla sostuvo que estos supuestos gastos incluso superan el apoyo económico que muchos movimientos brindan a sus candidatos distritales.