Prosigue el juicio contra el intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (ANR-HC), y otras nueve personas, entre funcionarios municipales y contratistas, quienes están acusados por un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones.
Los funcionarios de la Contraloría, Cristian Meza, jefe de misión, y el contador Alberto Vargas, prestaron declaración testifical sobre la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) que se desarrolló en la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú en el periodo 2020-2021, lo que desencadenó en la intervención municipal y posteriormente la renuncia del jefe comunal.
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El jefe de la fiscalización Cristian Meza, se ratificó en todo lo que indica el informe de la CGR, que contó con nueve observaciones en donde se detectaron las desprolijidades administrativas cometidas por la gestión del intendente Gustavo Rodríguez.
Confirma cheque al portador
Por su lado, Alberto Vargas, quien se encargó de verificar los cheques durante la auditoría, se ratificó que la municipalidad emitió cheques al portador que después eran efectivizados por funcionarios municipales.
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Vargas indicó que solicitaron los documentos al Banco Nacional de Fomento (BNF) donde se confirmó la efectivización del cheque por parte de funcionarios municipales. Agregó que los cheques deben ser emitidos a nombre del acreedor o del proveedor, y no al portador.
“Por reglamentación, los cheques deben ser nominales y eso no ocurrió, aquí salieron al portador y los efectivizaron funcionarios municipales” dijo Báez.
También se confirmó que se pagó por obras que no se ejecutaron en su totalidad o incluso por obras que nunca se realizaron. Es decir obras fantasmas.
Los enjuiciados
Están enjuiciados por lesión de confianza: Gustavo Rodríguez (exintendente), Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).
Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).
El Tribunal, conformado por los magistrados Matías Garcete (presidente), Elsa García y Adriana Planás escuchará a 18 testigos y debe analizar más de 200 documentos durante el juicio oral.
El juicio seguirá con más testificales este martes 7 de julio a las 08:00.