El juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió no hacer lugar al pedido de revisión de medidas planteado por la defensa técnica de la candidata a intendente de la ANR en Quyquyhó, Ruth Mercedes Medina Yegros, ejercida por la abogada Alba Meinxer. Además, el magistrado se ratificó en que la procesada debe seguir con el arresto domiciliario y la obligación del uso de la tobillera electrónica, por lo que se mantiene la vigencia de la medida impuesta por el A.I. N.º 184, de fecha 1 de julio de 2026.
La profesional del derecho solicitó el levantamiento de dichas medidas argumentando que su defendida se encuentra en un estado de salud delicado, debido a que padece diabetes.
Por otro lado, durante la audiencia, la defensa manifestó que Medina Yegros desea volver a su lugar de trabajo, en el Registro Electoral de Quyquyhó, en razón de que cuenta con un hijo menor de edad al cual mantener.
Asimismo, el representante del Ministerio Público, el fiscal Silvio Corbeta, se opuso al pedido de la imputada, fundamentando que las medidas impuestas que rigen actualmente sobre ella no han variado.
Sostuvo, además, que el estado de salud de la acusada —el cual fue debidamente certificado y adjuntado— no impide que pueda ser tratada desde su domicilio o mediante visitas médicas.
Ante esta situación, la resolución judicial remarca que la solicitud para volver a su puesto laboral resulta incompatible y contraria a la naturaleza jurídica inherente al arresto domiciliario.
De esta manera, la justicia ratificó los presupuestos del peligro de obstrucción dictaminados en el Art. 244 del Código Procesal Penal, extendiendo la vigencia irrestricta de las medidas sobre la candidata colorada.
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El trasfondo del caso
Medina Yegros, quien se desempeña además como funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el cargo de jefa del Registro Electoral de Quyquyhó del departamento de Paraguarí, se encuentra formalmente procesada por la supuesta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y asociación criminal. La pesquisa fiscal indaga un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.100 millones en detrimento de la Municipalidad de Quyquyhó.
El hecho habría ocurrido cuando el diputado Esteban Martín Samaniego (ANR-HC) se desempeñaba como intendente municipal en el periodo (2010-2015). En la misma causa penal Nº 161/2018 también se encuentran procesados el parlamentario, su madre, Blanca Álvarez, su esposa, la exintendenta de dicho distrito Patricia Corvalán, y otras 13 personas más.
Ambos referentes políticos pertenecen formalmente a las filas del movimiento oficialista Honor Colorado.