El proyecto de ley del diputado Édgar Olmedo (ANR, B- Aliado cartista) “que establece servicios gratuitos básicos de control de salud en farmacias como parte de su responsabilidad social” plantea una cuestión un tanto compleja: ¿deben los privados hacerse cargo de una obligación que debería ser del Estado y ante un tema tan delicado como es la salud?.
Este y otros cuestionamientos hicieron ante esta iniciativa los representantes de la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), que aglutina a unas 200 farmacias a nivel país (no de las grandes cadenas), que a través de su presidenta Esperanza Garcete, y el asesor jurídico de este gremio, Osmar Baez, plantearon su objeciones esta mañana ante la Comisión de Tecnología de Diputados.
El proyecto en cuestión plantea que las farmacias provean de forma obligatoria y gratuita servicios como:
- Medición de la presión arterial
- Control de peso corporal
- Medición de glucosa en sangre mediante glucómetro
- Orientación básica sobre hábitos saludables
El primer inconveniente que plantearon es que el proyecto de ley pretende imponer además -por obvias razones al ser temas de salud- que el servicio debe brindarlo “personal capacitado” y “utilizando equipos adecuados y en condiciones de higiene y bioseguridad”.
Sobrecostos para las farmacias
El primer punto que objetan, es que esto representaría un sobrecosto para los dueños de farmacia, ya que necesariamente deberán contratar personal con formación al menos de enfermeros.
“Justamente ese (el sobrecosto) es un punto clave que nosotros mencionamos dentro del parecer técnico porque consideramos que el proyecto así como está si bien, el espíritu es muy bueno; sin embargo, en la redacción consideramos que tiene que ser ajustada porque es una carga que el sector privado, no puede absorber de por sí”, sostuvo Báez.
El otro problema visible a leguas es que en el mercado no hay suficiente personal capacitado en servicios sanitarios, algo que ya es un problema incluso para cubrir servicios de salud en el Instituto de Previsión Social (IPS) y otros.
“Sería difícil cumplimiento primero porque la legislación actual en materia farmacéutica exige que en cada establecimiento habilitado por la autoridad sanitaria tenga un regente que sería un químico farmacéutico. En definitiva, de aprobarse un proyecto de ley como este, justamente representaría de difícil aplicación” al tener que sumar otro tipo de profesional.
Sugieren mejorar el proyecto
De todos modos desde Cafapar se mostraron abiertos a analizar una redacción alternativa que no imponga esta medida, ya que Garcete remarcó que hay farmacias que actualmente de forma voluntaria ya proveen esta ayuda.
Garcete comentó que “Cafapar nuclea a las farmacias independientes. Somos las pequeñas y medianas empresas que generalmente somos las que más trabajan, las que más están, al servicio de la gente pobre, la gente desamparada, son las que están en el interior del país”, pese a no tener la misma capacidad de las grandes cadenas.
Pese a esto, acotó que buscan la forma de ayudar a sus clientes y al sistema de salud en general, ya que sobre todo en el interior del país, son las que suplen momentáneamente cuando las personas no consiguen medicamentos en los hospitales públicos.