En junio de 2026, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), a cargo de Gustavo Villate, respondió a los pedidos de informes del Congreso Nacional.
En sus respuestas, el Mitic aseguró no administrar cuentas publicitarias financiadas con sus recursos para campañas digitales, argumentando que sus vínculos contractuales pueden verificarse a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, en las respuestas ocultaron al Legislativo millonarios megaconvenios ejecutados a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY).
Lea más: Gobierno de Peña sigue con mentiras y el ocultamiento incluso al Congreso sobre “campaña sucia”
Grave ocultamiento
Varias misivas a las que accedió ABC y ocultas a los parlamentarios prueban la ejecución del Convenio N° 4500073749/2023, denominado “Apoyo a planes comunicacionales para el posicionamiento de las políticas públicas del Estado paraguayo”. A este se suma su reciente ampliación en una “Fase II” (Convenio N° 4500082552/2025), y el Convenio N° 4500078104/2024, rotulado como “Energía de Paraguay: Comunicación estratégica nacional e internacional”.
Lea más: Lo que obvió mencionar Peña en su informe presidencial: no tapa el rostro de mentiroso y bravucón
Fuentes consultadas señalaron que los montos rondarían los US$ 8 millones anuales.
Estos acuerdos desmienten la versión de la cartera estatal. Mientras el Mitic negaba poseer estrategias de publicidad en internet, los términos de estos convenios ocultos exigían expresamente a las agencias contratistas el “desarrollo de pauta en plataformas digitales”, el “análisis de audiencia y segmentación”, y la creación de un esquema de comunicación para gestionar pagos a “influencers”.
Incluso, en las documentaciones aparece la empresa Coeficiente SRL, dirigida por Gloria Ocampos Mora, para difusiones a través de Google, Youtube, Meta y anuncios programáticos.
Lea más: Peña ensalza acuerdo para Yguazú Digital, pero “olvida” crisis en ANDE por tarifa
Además, las documentaciones señalan que Alejandra Duarte Albospino, viceministra de comunicaciones, y Guillermina González, entonces directora de medios, fueron designadas como responsables de la ejecución, junto con la funcionaria María José Cubilla. Llamativamente, González renunció el mes pasado, tras las publicaciones de La Red Desinformante.