Para las 9:00 de mañana está convocada la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que hace semanas acumula episodios de irresponsabilidad generalizada, que impiden que por falta de quórum, se traten los temas fijados en el orden del día, que en este caso son 17 y la mayoría de ellos proyectos tratados a medias.
Decir que lograr que sesionen ya es un “logro” no es una exageración, ya que el registro oficial establece que de las 41 sesiones del año solo culminaron 8, las restantes se levantaron por falta de quórum.
En la agenda de mañana se incluyeron varios proyectos aprobados en general, pero aplazados en particular, empezando por el que pretende aumentar las penas para los funcionarios que ayuden a la fuga de presos.
Actualmente, el artículo 294 que pretende ser reformado, establece como pena máxima para quienes sean funcionarios y ayuden a la fuga de algún preso, la pena de hasta 7 años de prisión.
El proyecto original plantea elevar el mínimo y el máximo, es decir, que vaya de 4 años a 10 años de prisión, e incluso llegar a 15 años en caso de que la fuga beneficie a más de un reo.
Otro proyecto postergado en particular hace varios meses y que está como 7º punto es el que modifica varios artículos de la Ley Nº 96/1992, ‘De vida silvestre”, que pretende reformar el sistema para la cacería de animales, un punto que también generó controversia y críticas de legisladores opositores.
También, en el 10º punto se volvió a incluir la llamada “Ley Memby”, aprobada en general. Esta busca agilizar los procedimientos para obligar jurídicamente a los padres a cumplir con la prestación alimentaria de los hijos.
La modificación, entre otros puntos, plantea aumentar los mecanismos para la retención y el débito de los montos para cubrir la cuota alimentaria.
De igual manera, como último punto 17, también con la respectiva aprobación en general, se espera que se trate en particular el proyecto de ley que aumenta los castigos para padres irresponsables incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
Actualmente, la ley establece ínfimas sanciones, como gestionar (por primera vez) el registro de conducir, la prohibición de realizar transferencias de bienes y un simple escrache moral, mencionando su condición de padre irresponsable durante un matrimonio civil.
Ante estos mínimos castigos, el proyecto de ley plantea agregar las siguientes prohibiciones:
- Obtención y renovación de licencias y permisos de conducir.
- Salida del país mientras subsista la deuda alimentaria, salvo autorización judicial fundada.
- Expedición o renovación del pasaporte.
- Acceso a eventos deportivos, recreativos y culturales de carácter masivo organizados con fines comerciales.
- Acceso a cargos públicos, nombramientos, contrataciones, concursos o designaciones dentro de la administración pública mientras permanezca vigente la inscripción.
- Asunción a funciones públicas, candidaturas electivas y contrataciones estatales.
- Posibilidad de condena en costas procesales y reparación de daños materiales y morales ocasionados por el incumplimiento deliberado de la obligación.