12 de septiembre de 2026

Por sus antecedentes recientes de raboneo reincidente y generalizado, más que ver qué puntos relevantes en el orden del día para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados podrían ser sancionados, el mayor desafío mañana es que tengan quórum y traten al menos uno de los 17 puntos fijados.


En Cámara de Diputados se dio entrada oficial el proyecto de ley que plantea endurecer los castigos y restricciones contra padres que incumplen con el pago de pensión alimentaria para los hijos. Entre las nuevas medidas propuestas figura la imposibilidad de gestionar pasaporte y salir del país, negarles el acceso a estadios, no poder renovar licencia de conducir e incluso acceder a cargos públicos, incluidos los electivos.

Comisiones del Senado analizan un proyecto de ley para excluir la firma del padre en los permisos de viajes al exterior, si el progenitor incumple la pensión alimenticia o está inscripto en el REDAM. También avanza el estudio del proyecto para multar a los padres de los “bullys” que hagan acoso escolar.

Organizaciones que aglutinan a madres de diferentes puntos del país realizaron un acto en al centro de Asunción en el que colgaron las fotos de los deudores alimenticios que hasta el día de hoy no pagan la prestación a sus hijos, pese a contar con orden de captura. También mostraron los montos adeudados y las fotos de magistrados que traban las causas en el Poder Judicial.

La Cámara de Diputados incluyó para su tratamiento mañana el proyecto de ley que pretende el cese de la obligación del pago de pensión (manutención) por parte del padre una vez que el hijo haya cumplido los 18 años, de manera automática. La iniciativa tiene dictámenes divididos, mientras registros de deudores aumenta.

La Circunscripción Judicial de Amambay dio a conocer este martes datos estadísticos de padres registrados como deudores alimentarios y, por ende, imposibilitados de realizar varias gestiones tanto en el ámbito público como privado. Desde la institución jurisdiccional indicaron que, entre 2023 y 2025, unas 77 personas fueron incorporadas a la “lista negra” en virtud de la ley vigente en nuestro país.