Casi como una ironía del destino, los denunciantes tienen prueba documentada de cómo funcionarios de la Dirección de “Defensa al Consumidor” de la Municipalidad de Asunción iban hasta locales gastronómicos a “apretar” a punta de amenazas de multas a los propietarios, cobrando primeramente en consumición (comidas y bebidas) para luego pasar a recaudar en efectivo.
“Como solemos decir acá con Bruno, venimos a destapar la olla. Acá tenemos que esto se va a llevar como denuncia penal, obviamente, por presuntos hechos punibles vinculados a pagos privados y gestiones atribuidas a fiscalizaciones municipales”, comenzó mencionando la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) antes de empezar a describir los hechos documentados.
La misma acotó que la denuncia, incluye registro de conversaciones telefónicas (chats) y de transferencias bancarias, se da contra funcionarios municipales y “específicamente en tiempos en que Carlos Morel, hoy candidato a concejal de la lista 1 se encontraba como director” de Defensa al Consumidor de la Comuna.
Denunciantes detallan esquema de apriete y recaudación
El candidato Bruno Martínez refirió que el esquema, así como los de otras varias “cajas paralelas” denunciadas en la gestión del actual intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, HC), pero que operan desde varias gestiones anteriores, los mismos operan como “pistoleros”, que van a apretar a los comerciantes que quieren hacer las cosas honestamente.
“El modus operandi (de los funcionarios) es llegar a la hora de la cena o a la hora del almuerzo, donde entran a verificar que realmente te falte algún documento, algún cartel de prohibido fumar, todos los requerimientos para tener un establecimiento. En el caso que no tengas algo, ellos te dicen, que la multa es de un monto altísimo; y te agregan: ‘Te vamos a perdonar, pero vamos a comer acá o vamos a almorzar acá’”, comenzó relatando Martínez.
Los funcionarios (existen tres personas identificadas, aunque la denuncia penal es contra personas innominadas), no se contentan con los alimentos, ya que ese apenas es el aperitivo antes del plato de fondo que es exigir fuertes sumas de dinero a los dueños de locales para gestionar los permisos y ya no ser molestados, refieren los denunciantes.
“Estos pistoleros -le llamamos nosotros-” luego “ya le dan los números diciéndole que le van a conseguir los documentos correspondientes. Una vez que consiguen que se le hagan la transferencia, primero es un 50%, luego empiezan a pedir más y más, hasta llegar al punto donde se completa el pago, pero los documentos nunca existieron”, detalló Bruno Martínez.
Según pudieron constatar los denunciantes, las supuestas faltas son incluso por minucias, como el hecho de que los carteles de “Prohibido fumar”, o no incluyan la advertencia de “prohibido vapear” en lugares cerrados.
Piden al Ministerio Público investigar con mayor celeridad las denuncias
Por su parte, Maximiliano Seiferheld dijo que esperan que la Fiscalía investigue a los responsables, pese a que en todos los casos anteriores solo han ido tras los eslabones más débiles de la cadena y no contra las cabezas del esquema.
“Nosotros ya hemos denunciado ante la misma Unidad de Delitos Económicos la ‘mafia del asfalto’; también denunciamos la ‘mafia del combustible’ que era de la Dirección de Vialidad, también después salió Aseo Urbano y ahora tenemos este caso de las de la Dirección de Defensa al Consumidor; que en vez de ser defensa al consumidor es extorsión al comerciante, es extorsión al emprendedor”, repudió.
Remarcó que tienen cientos de otras denuncias similares, pero pocos se animan a denunciar formalmente, porque claramente temen ser perseguidos por una Municipalidad que solo busca “recaudar para la campaña”, y que en este caso estaría, presuntamente ligada a Morel, quien aspira a ser concejal.
“En el caso del asfalto fueron los peones (los imputados), pero nunca son los directores. ¿Ustedes piensan que de este G. 1.700.000 (en un solo caso denunciado) no salió para Carlos Morel, para su campaña? Claro que salió. Si estas son las recaudaciones, estas son las tortas que se dividen", acusó Seiferheld.
Sostuvo que “de estos G. 1.700.000, un G. 500.000 se quedan para Carlos Morel; después mitad y mitad entre los funcionarios. Sabemos que esto funciona así. Entonces, ya no podemos seguir permitiendo que esto ocurra”.
Sobre por qué los llaman “pistoleros”, Bruno Martínez dijo que es “porque se van, llegan y te amenazan y porque tienen que recaudar justamente para los de arriba”.
La denuncia será presentada formalmente ante el Ministerio Público para la investigación penal pertinente.