La imputación formulada por el Ministerio Público en la causa de la “mafia del asfalto” solo alcanza a funcionarios de menor jerarquía y deja impunes a los verdaderos articuladores del esquema en la Municipalidad de Asunción. Así señaló Maximiliano Seiferheld, abogado del concejal Pablo Callizo (PPQ), denunciante del esquema de corrupción.
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Los denunciantes cuestionan que el Ministerio Público centre la causa en actores secundarios, apuntando a ordenanzas y operarios subordinados. Advierten que la cúpula jerárquica de la dependencia municipal no fue tocada por la imputación fiscal, lo que genera dudas sobre el alcance real de las investigaciones.
Abogado señala encubrimiento a jefes y blanqueo del daño patrimonial
Seiferheld remarcó que los verdaderos responsables son “el exdirector de vialidad Nicolás Duarte, el administrador Denis Godoy y el excargado de combustible Carlos Bernal”. Explicó que estas autoridades no fueron procesadas, a pesar de que ejercían un rol directo de custodia sobre los bienes e insumos de la Comuna.
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El representante legal del edil criticó también la figura penal utilizada por los fiscales Luis Piñánez y Christian Benítez. Cuestionó que la Fiscalía hable de la figura penal de “apropiación” y no de “lesión de confianza”, pues este último tipo penal contempla a quienes “bajo resolución eran responsables de cuidar el patrimonio y lo vendieron”.
Respecto al perjuicio económico, advirtió que desde la investigación intentan “maquillar de que solamente son G. 100 millones de pérdida”. Sostuvo que el desfalco real es muy superior, considerando el robo de “140 toneladas de asfalto en dos operaciones” y la sustracción de “1.600 litros de combustible diariamente durante meses”.
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Finalmente, lamentó que las diligencias se centren en uno solo de los hechos denunciados y no alcancen a la pavimentación irregular en un predio deportivo sobre la avenida Perón. Reveló que existen pruebas audiovisuales de “camiones de la Municipalidad parcheados en los logos” operando en el sitio, evidencia que no fue considerada en las primeras imputaciones.
El origen del caso: desvíos, robo de combustible y sumario en Vialidad
El caso de la “mafia del asfalto” explotó tras la denuncia pública del concejal Pablo Callizo (PPQ), formalizada ante la Fiscalía el 17 de julio de 2026. La presentación expuso un esquema de recaudación paralela que desviaba insumos, maquinarias y personal de la Comuna para la ejecución de obras en predios particulares.
A mediados de agosto de 2026, los denunciantes ampliaron la acción ante la Unidad de Delitos Económicos tras detectar que el hurto de combustible continuaba, pese a que la dependencia estaba intervenida. Según la ampliación, los involucrados cambiaron de método y pasaron al “ordeñe” de camiones cargados a tope fuera de la dependencia municipal.
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En paralelo a la causa penal, el interventor Óscar Pérez confirmó que en la Dirección de Vialidad funcionaba un sistema de planillas sumamente vulnerable. Ante estas irregularidades, la intervención ordenó la instalación de caudalímetros y otros controles tecnológicos para frenar la fuga constante de carburantes.
Los hallazgos de la investigación interna derivaron en la apertura de sumarios administrativos a 20 funcionarios de la dependencia. En la nómina figuran el exdirector Nicolás Duarte y sus principales colaboradores de la cúpula administrativa, escenario que contrasta con la causa penal, acotada por ahora a operarios de menor rango.